Errejón, a su llegada a los juzgados. / foto: efe | vídeo: ep

La juez suspende el juicio a Errejón por una supuesta agresión

La magistrada eleva la causa a la Audiencia Provincial de Madrid después de que la Fiscalía cuestionase su imparcialidad

E. P.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid suspendió este martes el juicio a ñigo Errejón, para elevar a la Audiencia Provincial de Madrid su abstención -al haber sido la juez a cargo de la investigación- y «que no exista sombra de duda». La magistrada Margarita Valcarce tomó esta decisión después de que el Ministerio Fiscal asegurara que veía «vulnerado el principio de parcialidad objetiva» al ser la juez que juzga la misma que dirigió la investigación.

Errejón acudió a juicio este martes en los Juzgados de Plaza de Castilla por la supuesta comisión de un delito leve de maltrato. El líder de Más País señaló a la puerta de los juzgados que llegaba «con ganas de poder aclararlo» porque «ha sido un disparate desagradable». «No ha sido particularmente agradable» -el asunto-, dijo, para luego apuntar que niega que propinara esa patada.

Errejón llegaba a juicio después de que un vecino de 67 años presentara una denuncia ante la Comisaría Centro de Madrid. El hombre aseguró a las autoridades policiales que, la madrugada del 2 de mayo, el dirigente le propinó una patada que tuvo consecuencias en su salud; en concreto, en la hernia inguinal que dice tener por un cáncer de colon.

Tras conocerse la denuncia y durante una rueda de prensa en el Congreso, el dirigente de Más País negó haber agredido al denunciante. «La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera», dijo tras reconocer que el hombre, junto a otras personas, se le acercó aquella noche para pedirle una foto y le «comenzaron a gritar» y a insultarle.

Una vez que el caso llegó al Juzgado, la magistrada tomó declaración al denunciante y a uno de los testigos. Fuentes presentes en el interrogatorio aseguraron a Europa Press que ambos ratificaron lo que dijeron en sede policial.

Durante la fase de investigación, la juez también llegó a dirigirse al Congreso para pedir que acreditara la condición de diputado de Errejón y reclamó a la Policía Científica que realizara un análisis «exhaustivo» de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad que grabaron el presunto maltrato.

Delito leve de maltrato

Tras tres meses y medio de diligencias, la juez Margarita Valcarce acordó enviar a Errejón a juicio tras transformar el procedimiento de un presunto delito de lesiones a uno leve de maltrato en base al informe médico forense realizado en la causa. «Los hechos hasta ahora investigados pueden revestir el carácter de delito leve de maltrato (...) sin que se haya acreditado la existencia de un delito de lesiones a la vista del informe médico forense», señaló.

La magistrada indicó que en dicho informe se dejó constancia de que no se consideraba acreditada la existencia de lesiones traumáticas agudas derivadas de la agresión física, que fue descrita como «patada con impacto con planta del pie en región baja abdominal». Por eso, al no estimar lesiones, lo transformó en delito leve de maltrato.

El delito al que se enfrenta Errejón está previsto en el artículo 147.3 del Código Penal y se refiere al que golpee o maltrate de obra a otro pero sin causarle lesión. Según la normativa, es castigado con penas de multa de uno o dos meses.

La «imparcialidad» de la juez

En el mismo auto en el que se acordó enviar el caso a juicio, la juez indicó que la defensa del líder de Más País había presentado una queja por el hecho de que la misma magistrada que dirigió las pesquisas se hiciese cargo de la vista oral.

Ante esta situación, la magistrada se dirigió a la Audiencia Provincial de Madrid para que resolviese si podía juzgar al dirigente tras haberle investigado o si consideraba que se había visto afectada su «imparcialidad».

El órgano judicial inadmitió el incidente de recusación de la magistrada porque la defensa de Errejón no llegó a presentar una petición formal, tal y como se le había requerido y como establece la ley en asuntos de esta naturaleza procesal.