Una juez abre diligencias contra el delegado del Gobierno por reprimir con lacrimógenos las protestas de Ferraz

Aquellas cargas contra las 3.800 personas que rodeaban el cuartel general de los socialistas, entre ellos dos centenares de activistas de estética ultra, fueron las más violentas del denominado 'Noviembre Nacional', durante el que tuvieron lugar cerca de medio centenar de convocatorias contra el Gobierno y sus cesiones a los independentistas a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

La magistrada Josefa Bustos concluye que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Y es por ello que decide abrir una investigación por prevaricación administrativa sobre lo ocurrido durante la represión de aquella protesta que se saldó con numerosos heridos y lesionados, pero tan solo con tres detenidos. La actuación policial fue muy controvertida desde el primer momento, ya que, a tenor de las imágenes, solo una minoría violenta intentó romper el cerco policial, que fue el detonante de las cargas y del uso de los botes lacrimógenos que hacía una década que no se usaban en Madrid habida cuenta de su peligrosidad con las personas con antecedentes de problemas respiratorios.

La actuación de la Policía y de la Delegación del Gobierno fue denunciada ante el juzgado por la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces, que recordó que aquella convocatoria, a diferencia de la gran mayoría de protestas frente a Ferraz, sí que fue «legamente comunicada» y que en ella «imperó» un clima de crítica generalizada ante lo que supondría la abolición del Estado de derecho por la anunciada Ley de Amnistía».

Según ese colectivo, la concentración -a la que acudieron Santiago Abascal, presidente de Vox, y el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo- fue un ejemplo de la «civismo de las personas allí congregadas como muestran centenares de vídeos». Sin embargo, «a partir de las 20 horas se produce la carga de Policía», en la que los agentes llegaron a usar «gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de personas que mostraban su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el resultado de varios heridos».

La denuncia de la asociación por la represión a los manifestantes del 6 de noviembre fue por sendos delitos de disolución ilegitima de una reunión pacífica, prevaricación, lesiones y un delito de tortura y contra la integridad moral.