La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EFE

Hacienda abre el espinoso debate de la financiación de las comunidades autónomas

El departamento que dirige Montero envía a las comunidades un documento que propone elevar el peso del gasto sanitario y escolar

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

El Ministerio de Hacienda abrió este viernes el debate más complejo entre administraciones, el de la financiación autonómica, con el envío de una propuesta a las comunidades basada en un nuevo cálculo de la población y que otorga más peso al gasto sanitario y educativo. Un cambio de modelo que el departamento que dirige María Jesús Montero quiere aprovechar para fijar una fórmula que tenga en cuenta la población ajustada a factores demográficos (población en edad escolar, estudiantes universitarios y población más envejecida) y geográficos (insularidad o dispersión), que serviría para determinar el coste de la prestación de los servicios públicos.

La introducción de esta última variable era lo que exigían las autonomías con problemas de despoblación (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria), cuyos presidentes se reunieron la semana pasada en Santiago de Compostela convocados por gallego Alberto Núñez Feijóo. Reivindicaron que el criterio de la dispersión demográfica fuera el que primase en la reforma del modelo de financiación y que esto se tradujera en una mayor inyección presupuestaria que compense el coste de los servicios en estas zonas con población alejada y aislada. Estas regiones, de distinto signo político, abarcan el 62% del territorio pero agrupan al 24% de la población. Sin embargo, algunos presidentes como el cántabro, Miguel Ángel Revilla, aseguró este viernes que la propuesta de Hacienda «suena mal».

En la otra parte, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, autonomías que apostaban, debido a su mayor población, por un sistema que primara el número de habitantes, hubo reacciones opuestas. Mientras el presidente valenciano, Ximo Puig, celebraba el acuerdo, desde la Junta de Andalucía se mostraban más cautos y señalaban que «el problema de la infrafinanciación persiste».

Actualmente, las variables demográficas como la población total o mayor de 65 años son las que tienen más peso frente a los factores geográficos como la dispersión o la insularidad. Ahora el departamento que dirige Montero plantea modificar los pesos del primer grupo de elementos, e introducir correctivos para tener en cuenta el envejecimiento y la despoblación.

El informe, de 240 páginas, incluye un examen de múltiples variables y argumenta los motivos técnicos que llevan a escoger unos parámetros en vez de otros. Hacienda defiende que su propuesta considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que «existe notable consenso».

No obstante, sostienen que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto. El Gobierno también ha analizado «empíricamente» la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. Desde indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales, hasta gastos en otros servicios.

De siete a 20 tramos

En sanidad, el actual modelo de financiación calcula la población ajustada en siete tramos de edad y aplicando coeficientes que reflejan los costes que la sanidad tiene en función de los años. En la nueva propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, lo que supone pasar de siete a 20 grupos. «De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias», explica el texto.

La propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y consumo en prótesis o traslados.

Hacienda también defiende que se incorporen las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de Formación Profesional. La ponderación del gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria, el resto.

El Ministerio, que advierte que el documento «no sale de la nada», y espera las aportaciones de las comunidades «sujetas al debate y la negociación», cuyo plazo para recibirlas fijan «a lo largo del mes de enero».