El exministro de Justicia Juan Carlos Campo. / EFE

El Gobierno prepara ahora otra reforma legal para forzar el desbloqueo del Constitucional

Sánchez se ha cansado de esperar que el vuelco a favor de los progresista se produzca por los cauces ordinarios y trabaja en una fórmula que neutralice los obstáculos planteados por los vocales conservadores del CGPJ

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

Ya no habrá cuartel en la batalla emprendida por Pedro Sánchez para intentar que el Tribunal Constitucional deje de estar controlado extemporáneamente por los conservadores. El Gobierno está decidido a llevar al Congreso de los Diputados nuevas reformas legales, que afectarían a las normas que regulan el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y el tribunal de garantías, para forzar de una vez por todas el vuelco que debería haberse producido el pasado junio.

En la Moncloa guardan con celo los detalles de ese plan, adelantado por 'eldiario.es', pero fuentes cercanas al Ejecutivo confirman que Sánchez tiene ya «muy avanzados estudios para hacer frente a la situación». «Si hay un bloqueo premeditado de órganos constitucionales mediante un uso fraudulento del ordenamiento jurídico, el legislador debe defenderse», aducen.

En el Ejecutivo hablan de una suerte de «golpe de Estado» que debe ser respondido con idéntica contundencia

Sobre la mesa estaría una fórmula que garantice que el pleno del Constitucional validará los magistrados designados la semana pasada por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo del Ministerio de Presidencia Laura Díez, con independencia de que el CGPJ no haya llegado a un acuerdo para designar a sus dos candidatos. Sánchez aseguró el martes en una conversación informal con periodistas que ambos tomarán posesión antes de que acabe el año.

Pesimismo

Hoy por hoy ese objetivo no está garantizado. El tribunal decidió esperar la semana pasada a que el Consejo, que lleva cuatro años con el mandato caducado por la falta de entendimiento entre el PSOE y el PP, celebre una nueva reunión el día 22 para intentar pactar sus dos nombres. Pero fuentes del sector progresista se muestran pesimistas respecto a las posibilidades de que esta vez haya 'fumata blanca'.

Y aunque algunos magistrados del Constitucional entienden, llegados a este punto, hay que proceder a la renovación solo con los magistrados elegidos por el Ejecutivo, la mayoría sigue aferrándose a la literalidad de la Carta Magna, que establece que la institución se renueva por tercios, es decir, de cuatro en cuatro.

Los socialistas acusan a los populares de tener «secuestrados» dos de los más importantes órganos democráticos. Hablan incluso, según el citado medio digital, de «golpe de Estado» al que se debe responder con contundencia. Y las fuentes consultadas apuntan a «posibles enmiendas en alguna ley en tramitación» para hacerlo. De producirse, esta sería la tercera reforma legal impulsada por Sánchez para forzar el desbloqueo, hasta ahora con escaso éxito.