El Gobierno convoca el martes a las CC AA por las dudas con el plan energético

Todo pese a que la aplicación de las medidas ya no está en duda. En el fondo, además de la obsesión que reina en la coalición por la creencia de que no se están comunicando bien las medidas a los ciudadanos, reside que a finales de agosto el Gobierno deberá enfrentarse al trámite de llevar el decreto-ley al Congreso, donde habrá de reunir los votos necesarios en un contexto endiablado de aritmética parlamentaria. En Moncloa rechazan, por ahora, tocar cualquier punto de una ley que consideran «necesaria y urgente» y que, aseguran, «es una de las menos restrictivas de Europa».

Pero al mismo tiempo buscan sumar el apoyo del Partido Popular, que pese a recular en los últimos días, continúa criticando duramente la norma al considerar que su régimen sancionador y algunos puntos, como la falta de concreción en el horario de apagado de escaparates, la hacen «inviable».

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, concedió este viernes que el decreto «debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda». Con esto buscaba zanjar toda polémica surgida en los últimos días al tiempo que insinuaba que el texto normativo no sufrirá ningún cambio. Desde el Ministerio de Transición Ecológica reconocían este viernes a este periódico que Ribera ha mantenido contactos constantes con con consumidores, científicos, partidos políticos y representantes del sector energético. Y la negociación «sigue en pie». Sin embargo recuerdan que el Gobierno tiene la última palabra en esta cuestión y que el resto de partidos pueden aportar alternativas. Una crítica dirigida directamente al PP, al que afean que no haya formulado «propuestas constructivas».

Las quejas desde el flanco popular, encabezadas por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también han sido replicadas por el PNV, uno de los aliados del Gobierno en esta legislatura. Si el jueves el lehendakari, Iñigo Urkullu, criticaba a Moncloa por no haber consensuado estas medidas con las comunidades autónomas, este viernes la propia Ribera lo negaba en una entrevista en Catalunya Radio. «Tuvimos una conversación enormemente constructiva, positiva, había un consenso muy alto sobre la necesidad de adoptar medidas que tuvieran el menor impacto posible en el tejido productivo», aseguró en referencia a las conferencias sectoriales de energía y medioambiente que se celebraron el jueves anterior a la aprobación del decreto-ley en el Consejo de Ministros.

En Moncloa consideran que todas estas críticas «han cambiado el foco deliberadamente» de la cuestión principal y que lo importante es cumplir con el compromiso adquirido en Bruselas de reducir un 7% el consumo energético del país. La vicepresidenta tercera reiteró que todas estas medidas son «de aplicación fácil» y buscan que las familias y las empresas tengan que hacer un mínimo esfuerzo.Por eso descartó que el plan de contingencia contemple restricciones o prohibiciones dentro de los hogares, si bien propondrán recomendaciones «muy conocidas y muy clásicas» relativas a los termostatos, las ventanas, los toldos y los electrodomésticos.

Alternativa nuclear

Pero entre las autonomías son cada vez más las voces que piden a Pedro Sánchez «que rectifique». Este viernes, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, criticó que las medidas de ahorra «están hechas desde la improvisación y no tienen en cuenta las distintas peculiaridades y realidades», detallando que «no hay una horquilla que tenga en cuenta las peculiaridades del norte y sur». Para el político del PP, esto «significa que las cosas no se han hecho bien por falta de diálogo».

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, por su parte, pidió al Gobierno que «pierda ideología y haga una apuesta clara por las nucleares» y el mantenimiento de su vida útil o en las plantas de ciclo combinado, «como otros países como Alemania o la necesidad de agilizar los procesos de autoconsumo y de energías renovables facilitando la tramitación de los mismos e incluso con los fondos Next Generation».

Sugerencias a las que el en Moncloa hacen oídos sordos mientras se muestran cada vez más convencidos de que los populares no iniciarán una ofensiva judicial contra el decreto. En cambio, confían, en que lo apoyarán cuando llegue al Congreso.