El Gobierno paraliza ahora dos leyes ideadas en 2021 para bajar la luz

Un año después, tras mantenerlas congeladas, ha suspendido su tramitación en el Congreso, en principio, hasta septiembre

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

Las discusiones en el seno de la coalición sobre cómo limitar los beneficios de las eléctricas y rebajar el precio de la luz no son nuevas y las soluciones ideadas han demostrado ya tener derivadas indeseadas. El Gobierno anunció en mayo de 2021 dos proyectos de ley para reducir las bonificaciones a las nucleares y las hidroeléctricas (los llamados beneficios caídos del cielo) y para intentar que sean las compañías y no el consumidor quien financie las primas a las renovables. Un año después, tras mantenerlas congeladas, ha suspendido su tramitación en el Congreso, en principio, hasta septiembre.

En su día, Podemos, que pedía una intervención directa en el mercado energético, reprochó a los socialistas que no hubieran querido aprobar esas iniciativas como reales decretos leyes para acelerar su entrada en vigor. Los socialistas replicaban que resolver el ya entonces el elevado incremento del precio de la luz era una cuestión complicada y no podía resolverse con una única medida. Aun así, Sánchez prometió en septiembre que pediría una aprobación «rápida» de ambas leyes. La realidad es que acabaron guardadas seis meses en un cajón.

Efecto pernicioso

A principios de este mes, la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso decidió rescatar ambas medidas para intentar que entraran en vigor en este periodo de sesiones (en principio, está previsto que se habilite el mes de julio para los trabajos parlamentarios). Pero el Gobierno ha llegado ahora a la conclusión de que su aplicación podría diluir algunas de las medidas que se aprobarán este sábado en el plan anticrisis; y que podría ayudar a rebajar la factura de la luz pero acabaría afectando al precio del gas y los carburantes. Lo comido por lo servido.

Ese efecto pernicioso sería consecuencia de que las petroleras y gasistas acabarían repercutiendo al consumidor parte del coste de la retribución a las renovables reguladas que se lespretendía adjudicar y a que las grandes elécricas harían lo propio para compensar el recorte a sus ingresos por el CO2 no emitido.