El hijo de Marcelino Camacho y Josefina Samper, Marcelino Camacho Samper; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en el acto de entrega del legado documental de ambos sindicalistas por parte de sus hijos al Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca. / Manuel Ángel Laya / Europa Press

El Gobierno no logra abrir brecha en el rechazo de sus socios a la reforma laboral

Aragonès insiste en que ERC está «muy lejos» de respaldar el texto tras cenar con Yolanda Díaz y reclama las competencias sobre los ERE

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

Los socios del Gobierno se mantienen inamovibles en su rechazo a la reforma laboral. Ni los buenos oficios de los sindicatos, implicados de lleno en el intento de arrastrarlos a la convalidación del real decreto ley, ni el «cariño» desplegado por Yolanda Díaz el pasado miércoles en un encuentro con los responsables de EH-Bildu, primero, y una cena con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, después, han dado de momento los frutos perseguidos. También el PNV se mantiene en el 'no', a pesar de que tras un encuentro con Confebask, la patronal vasca, el Gobierno de Iñigo Urkullu expresó su confianza en que la nueva norma «pueda salir adelante con el mayor consenso social y político posible».

Ningún partido muerde, por ahora, el anzuelo lanzado por el Ejecutivo a través de UGT y CCOO, que el miércoles instaron a convalidar ahora el acuerdo alcanzado con los empresarios para aprobar más adelante otras modificaciones relativas a asuntos que se han quedado en el tintero, como el coste del despido o los salarios de tramitación, entre otros. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, replicó en una entrevista en Onda Cero que su partido ya ha aprendido que lo que no se haga ahora será «imposible en el futuro» porque el Gobierno ha incumplido en numerosas ocasiones promesas similares.

El apoyo, o como mínimo la abstención, de los independentistas catalanes es prioritario para el Ejecutivo no solo porque sus trece diputados pueden inclinar numéricamente la balanza a su favor sino porque creen que podría tener un efecto arrastre sobre otras fuerzas del bloque progresista y porque entienden que serán más sensibles a la presión de CCOO y UGT, que a diferencia de lo que ocurre en el País Vasco, en Cataluña son también mayoritarios.

Ciudadanos, único grupo dispuesto a la convalidación, insta al PP a moverse a la abstención para arrinconar al separatismo

Las esperanzas de los negociadores del PSOE y Unidas Podemos están puestas en que, de momento, los republicanos se han limitado a advertir de que están «lejos» de apoyar la reforma pero, pese a reprochar al Gobierno que use el miedo a la derecha como estrategia negociadora y que plantee el texto como «lentejas», nunca han dicho expresamente que vayan a votar en contra.

El caso de Nissan

Aragonès reiteró este jueves en TVE, en todo caso, que su formación es «ambiciosa» y que la reforma es «insuficiente». E hizo hincapié en la necesidad de que se traslade a las comunidades autónomas la competencia para gestionar los expedientes de regulación (ERE), un asunto que en Cataluña ha cobrado especial protagonismo tras el reciente cierre de las factorías de Nissan tras haber estado recibiendo ayudas públicas a lo largo de la última década. La respuesta del Ejecutivo central a esa demanda sigue siendo, según admitió Rufián, negativa. Y fuentes de su formación advierten de que si no se deja margen a la negociación, votarán 'no'.

Tanto el Gobierno como los sindicatos y los empresarios insisten en que el texto debe ser aprobado en los términos que ellos acordaron después de una ardua negociación que se prolongó durante nueves meses. La patronal ya ha dejado claro, de hecho, que si se cambia una coma se descolgará. El problema para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz es que el mensaje de estabilidad que pretendía enviar a Bruselas ya ha empezado a resquebrajarse.

Ciudadanos se presenta, a tres semanas para que el real decreto ley se someta a convalidación en el Congreso, el 3 de febrero, como el único grupo dispuesto a sumar sus votos a los del PSOE y Unidas Podemos. Juntos alcanzarían los 163 diputados, una cifra insuficiente para salvar la reforma si todos los demás votan en contra. Su portavoz adjunto, Edmundo Bal, instó al PP a moverse al menos a la abstención para evitar que el Ejecutivo recurra a los separatistas y remarcó que el acuerdo apenas deroga un 10% de la reforma popular de 2012.