La ministra de Sanidad, Carolina Darias, responde a una pregunta de la oposición durante una nueva sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso de los Diputados / EFE

El Gobierno insiste en no prorrogar el estado de alarma

Pablo Casado, por contra, persiste en sacar adelante su «plan B» jurídico, una alternativa que, asegura, «cada vez apoyan más grupos»

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

El Gobierno sigue fiando su estrategia de contención de la pandemia a la vacunación e insiste en que el estado de alarma no se prorrogará más allá del 9 de mayo. A partir de esa fecha auguran que la administración de dosis a la población «dará un salto espectacular», como afirmó este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Pero el escenario que se abrirá cuando decaiga el estado de alarma sigue generando dudas, principalmente sobre si el marco jurídico ordinario podrá sostener las medidas restrictivas y cierres perimetrales que disponga cada comunidad. La ministra recordó que en verano «no hubo estado de alarma» y estas pudieron tomar sus propias decisiones para luchar contra el virus. Aunque, si bien es cierto, en algunos territorios los jueces tumbaron prohibiciones que afectaban a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como ocurrió en octubre en Aragón o Madrid.

Para el PNV, que este miércoles formuló la cuestión a Darias en el Congreso, la postura del Gobierno en este sentido es «errática», como le afeó la diputada Josune Gorospe, que también recriminó a Pedro Sánchez que anunciara de forma «unilateral» el fin del estado de alarma «sin haber hablado ni con las autonomías ni con los grupos parlamentarios». Su voz se sumó a las de las comunidades que piden al Ejecutivo que «recapacite»y lo prorrogue, «aunque sea por un breve periodo de tiempo», añadió.

Este debate dio pie al Partido Popular a insistir –como lleva haciendo desde hace un año– en su «plan B» al estado de alarma. Pablo Casado propone buscar una alternativa jurídica en un plazo de 15 días, una propuesta que, asegura, «cada vez más grupos parlamentarios apoyan».

La intención del líder de los populares se basa en llevar a cabo una modificación «de urgencia» a la ley de Salud Pública de 1986 –«añadir dos párrafos», concretó este miércoles– con el objetivo de no tener que recurrir a la «excepcionalidad constitucional» que implica el estado de alarma y tampoco «dejar abandonadas a las comunidades autónomas».Para ello, el PP ya se ha puesto en contacto con otros grupos parlamentarios como ERC, mientras EH Bildu, Más País, Compromís o JxCat se abren a apoyar esta alternativa.