La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en julio de 2021 / EFE/ MC.I.C.

El Gobierno enfría la reforma del sistema de financiación y descarta un fondo transitorio

La apertura adelantada del nuevo ciclo electoral complica una negociación que ya presentaba dificultades de antemano

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

Las posibilidades de que esta legislatura alumbre, por fin, la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014, y reclamada con especial ahínco por comunidades como la valenciana, Andalucía y Murcia, se aleja. El Gobierno lanzó esta semana una señal que ha hecho sonar las alarmas en los territorios y entre socios parlamentarios como Compromís: el asunto no aparece en el plan normativo para 2022 aprobado en el último Consejo de Ministros.

En el Ministerio de Hacienda, que el pasado 3 de diciembre envió a las autonomías una propuesta para calcular la población ajustada (una de las variables esenciales del modelo, determinante para el reparto de los recursos), sostienen que el que no esté en el plan legislativo no implica que no vaya a negociarse. Sin embargo, los gobiernos de las distintas comunidades se muestran poco optimistas.

El Ejecutivo ya había dejado caer que quería esperar a febrero, cuando preveía recibir el informe encargado a un comité de expertos para la reforma tributaria porque quería aprovechar la ocasión para incluir una armonización fiscal entre regiones. Pero la apertura adelantada de un nuevo ciclo electoral, provocada por la convocatoria de Castilla y León, hace aún más complicada una negociación que ya de por sí presentaba muchas dificultades y que divide incluso a los dos grandes partidos.

Tras Castilla y León, el 13 de febrero, vendrán las elecciones andaluzas, en junio u octubre. En en 2023, las municipales y autonómicas, el último domingo de mayo, y las generales a finales de año o principios de 2024. El clima es poco propicio para un pacto. El Gobierno también descarta articular, entre tanto, un fondo transitorio reclamado por las comunidades peor financiadas. Sostiene que pondría en pie de guerra a otras autonomías y que, además, los territorios cerraron 2022 en situación de superávit.