El diputado del PP Casero admite al juez errores administrativos pero niega la prevaricación

En su comparecencia, Casero ha reconocido que pudo haber problemas administrativos con determinados contratos (se examinan al menos cinco), pero ha descartado ante el magistrado instructor, Andrés Palomo, haber dictado resoluciones injustas a sabiendas, esto es, haber cometido prevaricación cuando era regidor.

Tras declarar durante más de hora y media, Casero ha asegurado a su salida del Supremo que el interrogatorio "ha ido bien, con normalidad" y ha asegurado sentirse "tranquilo". En este sentido, ha subrayado que ha comparecido ante el juez y la fiscal Ángeles Montes "porque creía que no había nada que ocultar". "Creía que podía aportar cuestiones nuevas que aclararan algunas cosas", ha señalado. "Y a partir de ahora, a esperar la decisión de la justicia", ha finalizado.

En su condición de aforado ante el alto tribunal, Casero compareció de forma voluntaria después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo remitiera una exposición razonada para investigar al parlamentario. El escrito fue respaldado por la Fiscalía del Supremo, que además de presunta prevaricación entendió que había también indicios de un delito de malversación de caudales públicos.

Según la prueba documental y testifical aportada por el juzgado ordinario, existen "indicios sólidos" de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al ayuntamiento y sin los informes necesarios.

El juzgado recogió que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento de Trujillo, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. Además, en septiembre de 2017 firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un acuerdo comprometiendo al consistorio al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del ayuntamiento, según la exposición razonada. En junio de 2018, además, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recogía un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL -un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo- en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.

Casero no es un diputado raso del PP. Era la mano derecha del anterior secretario general, Teodoro García Egea, y fue el parlamentario que por error votó a favor de tramitar la reforma laboral y que permitió al Gobierno sacar adelante una de las leyes estrella de esta legislatura.