La descentralización de Sánchez desata las quejas de las regiones agraviadas

Presidentes del PP ven detrás de la concesión a Sevilla y A Coruña una «estrategia electoral» para afianzar el poder territorial del PSOE

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid

La elección de Sevilla y A Coruña para albergar respectivamente las sedes de la Agencia Espacial Española y de la Agencia de Supervisión e Inteligencia Artificial ha despertado las críticas tanto de los representantes de la España Vaciada –entre ellos, el socialista Javier Lambán– como de las autonomías del PP agraviadas, que exigen «transparencia» al Gobierno en relación con los baremos utilizados. «No conocemos los criterios de puntuación», se quejaba este martes un mandatario autonómico del PP, que admitía que uno de los municipios de su región competía por ser sede. «Era la mejor opción y cumplía con todos los requisitos», lamentaba ante los periodistas durante la celebración ayer del Día de la Constitución.

Fueron varios barones populares los que coincidieron en que detrás de la decisión del Ejecutivo apostando por dos ciudades con alcaldes socialistas, hay una «estrategia electoral» con la que Pedro Sánchez busca afianzar su poder territorial en los comicios autonómicos y locales de mayo. «No deja de ser sorprendente que se hayan otorgado dos sedes a dos ciudades de dos comunidades que no van a celebrar elecciones en 2023», señaló el presidente de Murcia, Fernando López Miras a su llegada al Palacio de la Carrera de San Jerónimo. El dirigente murciano cree que como Sánchez «no puede ganar esas comunidades en mayo, va a por las alcaldías».

Sevilla es la ciudad más poblada en manos del PSOE y en Ferraz tienen muchas esperanzas en que Antonio Muñoz, que sale reforzado de esta apuesta, salga elegido el próximo 28 de mayo. En el caso gallego, la situación es similar, ya que A Coruña es la segunda ciudad por población, por detrás de Vigo, y el bastón de mando está también en manos de otra socialista, Inés Rey.

«Las cartas estaban marcadas de antemano», denunció, por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El dirigente conservador se mostró muy crítico con las condiciones «leoninas» que estableció el Gobierno para la presentación de candidaturas y que, en su opinión, perjudicaron a las opciones a las que aspiraba su región. «Hay que pensar en todos los territorios y en todos los españoles», afeó al Ejecutivo.

Por la vía judicial

A la Agencia Espacial y a la de Inteligencia Artificial concurrieron un total de 37 candidaturas de 14 comunidades. Entre ellas Madrid, que defendió que la región agrupa al 95% del sector espacial de toda España y, de este porcentaje, el 70% se sitúa en Tres Cantos, que era la aspirante. «En ningún país del mundo se descapitaliza su administración como se está haciendo aquí. Son industrias que se desgajan», lamentó ayer Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña cree que si Sánchez tenía decidido dónde se iban a ubicar las sedes desde el principio, «no tendría que haber promovido esas tensiones territoriales» y volvió a poner en duda la «transparencia» del proceso. Algo que también ha hecho Aragón, que ya ha confirmado su intención de plantar batalla judicial por la elección de Sevilla para ser sede de la Nasa española. «La política contra la despoblación queda muy desacreditada», advirtió su presidente Javier Lambán, que peleó por la designación de Teruel. Era «blanco y en botella», apuntó el barón socialista.

Las críticas de estos mandatarios autonómicos contrastan con la satisfacción reinante en los Gobiernos de Andalucía y Galicia, ambos en manos del PP, que aplauden la decisión del Ejecutivo central e insisten en que que se ha concedido por concurso y según un examen fundamentado. «La evaluación se basó en criterios», insistió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. «Sevilla reunía todos los requisitos», incidió, por su parte, el mandatario de la Junta, Juanma Moreno.

En Génova sostienen que si conocieran los criterios que se han seguido para hacer esa asignación estarían «mucho más tranquilos. «Lo que echamos de menos es la transparencia en la que el Gobierno se basa», apuntan en el entorno de Alberto Núñez Feijóo.