Jordi Turull dialoga con Carles Puigdemont. / EP

Una cuarentena de dirigentes independentistas, beneficiados con la reforma de la malversación

Puigdemont, Junqueras, Romeva, Bassa o Jové sacarían provecho del cambio legal

CRISTIAN REINO Barcelona

Cerca de una cuarentena de dirigentes independentistas confían en la reforma del delito de malversación para sacar provecho desde el punto legal y no ir a la cárcel. A la espera de que cómo acaba el cambio legal, en función de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, todos los políticos condenados o investigados en relación al referéndum ilegal del 1-O verían reducidas sus penas. De entrada, favorecerá a los nacionalistas huidos en Waterloo: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig. Los tres primeros están procesados por sedición y malversación. El exconsejero de Cultura, Puig, lo está por desobediencia y malversación. Con el cambio legal que propone Esquerra, las penas irían de seis meses a tres años, la mitad que ahora. Los dirigentes fugados no serán acusados por sedición, al desaparecer el delito, y las penas por malversación caerían a la mitad.

También se verían favorecidos quienes ya fueron condenados en el juicio del 'procés'. Es el caso de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, cuatro de los nueve presos del 'procés' que fueron condenados (y luego indultados parcialmente) por sedición y malversación. El cambio legal les beneficiaría de forma retroactiva: reducción de penas, tanto por malversación como por la desaparición de la sedición, y reducción de la inhabilitación, que tendrá que revisar el Tribunal Supremo. Junqueras podrá presentarse a las elecciones. Igual que Jordi Turull, secretario general de Junts.

Los que esperan como agua mayor la reforma legal son los dirigentes de la segunda fila del escalafón en el Govern en 2017 que aún están pendientes de juicio. Es el caso de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, altos cargos de ERC, mano derecha de Junqueras durante los hechos de octubre de 2017. Están procesados por desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y revelación de secretos. El TSJC ya ha abierto juicio oral. La Fiscalía tiene que presentar el escrito de acusación, que dependerá del cambio legal, si se modifica la malversación por los preparativos del 1-O, en el que estuvieron estrechamente ligados, pues la Consejería de Economía, donde eran altos cargos, era la encargada de la organización del referéndum.

Por el 1-O hay además una treintena de exaltos cargos del Govern y empresarios que están investigados por un juzgado de Barcelona, el 13, y están a la espera de juicio. De todos ellos, una veintena están investigados por malversación. Se les imputa el gasto de 4,3 millones para organizar el referéndum. El juzgado 18 de Barcelona, mientras, investiga los gastos en acción exterior del Govern entre 2011 y 2017. Hay una decena de investigados prevaricación, malversación y falsedad, todos ellos exaltos cargos de la Generalitat.