El líder del PP, Pablo Casado, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Congreso / EP

Casado ofrece poner fin al bloqueo de todos los órganos constitucionales menos el CGPJ

El Gobierno acepta empezar a hablar sobre la renovación del Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas pero insta al PP a no cumplir la ley de manera selectiva

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

No hay visos de que vayan a ser capaces de poner fin a la situación de interinidad en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial desde hace ya casi tres años, pero el PSOE y el PP se mostraron este miércoles dispuestos a negociar al menos la renovación de otros órganos como el Defensor del Pueblo, el Titular de Cuentas o el Tribunal Constitucional que también llevan meses o en algunos casos años con el mandato de todos o parte de sus componentes caducado. El líder del PP, Pablo Casado, hizo ese ofrecimiento a Pedro Sánchez durante otra bronca sesión de control en el Congreso y el Gobierno recogió el guante.

Los socialistas llevaban tiempo cuestionando que la verdadera razón por la que el PP se niega pactar la nueva composición del Poder Judicial sea, como declara su líder, el deseo de acometer una reforma legal para «despolitizar» la justicia. A su juicio, lo único que le mueve es la voluntad retener una mayoría de vocales conservadores que ya no se compadece con la de la Cámara baja y como un elemento de prueba más apuntaban, precisamente, a su falta de disposición para sentarse a hablar del resto de órganos.

Sánchez acusó a Casado, durante el pleno, de tener una «visión ventajista» de la legalidad y le conminó a cumplir con la normativa vigente, sin condiciones, también en lo que respecta a la renovación del CGPJ. Sin embargo, unos minutos después, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, compareció para anunciar que no haría ascos a la propuesta. «Nuestra idea es renovar todos los órganos porque a todos nos obliga la Constitución. No obstante –dijo–, nos vamos a sentar con el PP; estamos encantados de que hayan rectificado».

ÓRGANOS CON EL MANDATO CADUCADO:

  • Tribunal de Cuentas. Concluyó su mandato el pasado julio en plena polémica por la causa que abrió contra ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña. Como ocurre con el Poder Judicial, sus doce consejeros son elegidos por el Parlamento con mayorías de 210 escaños: seis de ellos a propuesta del Congreso y el resto a propuesta del Senado.

  • Defensor del Pueblo. Desde julio de 2017, el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce el puesto en funciones. Para su renovación necesita que la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20días.

  • Tribunal Constitucional. Está pendiente de su relevo un tercio del tribunal. Concretamente, los cuatro miembros que corresponde elegir a la Cámara baja, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El procedimiento exige un acuerdo amplio puesto que se necesita un apoyo de tres quintas partes del hemiciclo.

  • Poder Judicial. Sin mayoría parlamentaria, el PSOE está condenado a entenderse con el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en interinidad desde diciembre de 2018. Se requiere el respaldo de tres quintos de las Cámaras y la suma de los socialistas con sus socios de investidura no llega ni de lejos a esa cifra.

El acuerdo de los dos grandes partidos nacionales es esencial porque sólo ellos suman la mayoría de tres quintos necesaria para proceder a los distintos nombramientos. El pasado febrero, después de meses de conversaciones discretas y de no pocas tensiones, el PSOE y el PP llegaron ya a un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE. Parecía que el recambio en el CGPJ también era inminente y así llegó a dejarlo caer el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que se había garantizado la designación de uno de los vocales. «Está todo más o menos arreglado y seguramente habrá noticias muy pronto», afirmó el día 24. Un día después, la negociación saltó por los aires.

Los socialistas se negaron en aquel momento a aceptar el veto del PP a dos jueces propuestos por su socio de coalición gubernamental: Victoria Rosell, que fue diputada de Podemos y José Ricardo de Prada, autor del párrafo de la sentencia del 'caso Gürtel' que detonó la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Desde entonces, no ha vuelto a haber aproximación alguna.

Los populares llevan meses exigiendo, para renovar el CGPJ con la actual norma, que el PSOE se comprometa a una modificación para que, en el futuro, sean los propios jueces los que elijan a doce de los veinte vocales que componen el órgano; algo a lo que el PSOE no está dispuesto, entre otras cosas, porque considera que el de la magistratura es un mundo muy conservador. El PP ha encontrado además un aliado inesperado en la Comisión Europea, que si bien reclama que se acometa ya la renovación del Poder Judicial, también defiende la implicación directa de los jueces.

Relación tensa

En Moncloa aseguran que abrirán la negociación sobre el resto de órganos con la esperanza de que sirva para crear un nuevo clima, aunque, al menos en público, la relación con los populares sigue siendo muy tensa. Casado llegó a aludir este miércoles a los abucheos recibidos por el presidente del Gobierno durante el desfile de la Fiesta Nacional como muestra de lo que opina de él «la calle». Sánchez replicó que siempre que gobierna la izquierda se producen episodios similares. «Así es como entienden ustedes y la ultraderecha la convivencia», esgrimió.

De momento, Bolaños se ha puesto ya en contacto con el secretario general de los populares, Teodoro García Egea y desde ambos partidos se lanzan señales de que el acuerdo es posible, aunque solo sea por pragmatismo. En la Moncloa sostienen que al PP le ha movido la necesidad de separarse de Vox. «No tienen buenas encuestas y saben que la legislatura será larga», aducen. Los populares, mientras, presumen de haber desmontado con su oferta uno de los principales argumentos del Gobierno para tacharles de obstruccionistas y cuestionar su sentido de Estado.

Los mayores problemas pueden venir, en todo caso, para la renovación de un tercio de los magistrados del Constitucional, que agotaron su mandato en noviembre de 2019. En los últimos meses, el máximo intérprete de la Carta Magna con siete de once magistrados conservadores, , ha infligido varios varapalos al Gobierno con asuntos como la declaración del estado de alarma, de los que la oposición ha hecho bandera.