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Isabel Díaz Ayuso, este jueve en la Cumbre Europea de Regiones y Ciudades. EFE
La Cámara de Cuentas desmiente a Ayuso: el contrato no está auditado

La Cámara de Cuentas desmiente a Ayuso: el contrato no está auditado

El organismo afirma que el informe sobre la legalidad de la adjudicación de las mascarillas «está en trámite de elaboración»

m. sáiz-pardo

Jueves, 3 de marzo 2022, 19:57

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Durante los últimos días, Isabel Díaz Ayuso ha sido tajante. El contrato de 1,5 millones de euros que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa con la que colaboraba su hermano ha sido «ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas de Madrid», que dictaminó «que es perfectamente legal». El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty fue igualmente categórico al defender que el famoso contrato de las mascarillas con Priviet Sportive, en el que Tomás Díaz Ayuso intervino a cambio de al menos 55.850 euros, «pasó por la auditoría de la Cámara de Cuentas, concluyendo que no hay ni tacha ni reparo de ninguna clase en ninguno de sus aspectos».

Sin embargo, la Cámara madrileña desmiente haber auditado aún esa adjudicación y haber certificado su legalidad. El pasado 28 de febrero el presidente en funciones de este organismo, Carlos Salgado Pérez, remitió una carta al grupo socialista en la Asamblea de Madrid, que se había interesado por este asunto, en la que niega la versión de la presidenta y su equipo.

«Este informe (el del contrato al hermano de la jefa de Gobierno) no ha sido aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas ni, por tanto, publicado en la web de la institución», detalla en su misiva Salgado, quien añade que «actualmente, el informe de referencia está en trámite interno de elaboración y podría ser objeto de modificaciones como consecuencia de la fase de audiencia a las entidades fiscalizadas».

Según la Cámara de Cuentas, el contrato de las mascarillas solo ha sido objeto de un «anteproyecto» de fiscalización (una suerte de borrador) dentro de la avalancha de contratos que se aprobaron durante la crisis provocada por la pandemia.

Ese borrador de resolución, que se realiza antes de que el órgano fiscalizador lo escudriñe y antes de escuchar a las partes, «no expresa el criterio definitivo sobre la materia analizada», recuerda la Cámara, que además, en un tirón de orejas al Gobierno madrileño, muestra su «rechazo» a «cualquier divulgación de los trabajos en curso».

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