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Alberto Gómez
Lunes, 6 de febrero 2023
La Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado rebajar la pena de quince años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco miembros de La Manada, condenados por una violación grupal en los Sanfermines de 2016. La defensa de Ángel Boza, uno de los agresores sexuales procesados en el caso, había solicitado una reducción de más de un año de prisión, petición rechazada por la sección segunda de la Audiencia de Navarra.
La defensa de Boza reclamó la rebaja penal en base a que su cliente es el único integrante de La Manada que tiene una condena por debajo de los 20 años de cárcel. Las penas del resto superan las dos décadas de prisión porque a la violación de Pamplona se suma la condena por abusos sexuales a otra mujer en Pozoblanco, en Córdoba, semanas antes de los Sanfermines. La Fiscalía y la abogada de la víctima se opusieron a la revisión y ahora la Audiencia Provincial de Navarra confirma que no hay motivos para rebajar la pena de Boza, decisión que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de esta región.
En su auto, los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra alegan que la pena de quince años «resulta igualmente susceptible de imposición con arreglo a la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual». El documento añade que la condena impuesta a Boza es muy próxima al mínimo legal por los delitos cometidos, establecido en catorce años y tres meses de prisión. La pena, por lo tanto, «resulta proporcionada a las circunstancias personales de los acusados y a la gravedad del hecho» que se considera probado.
No es, ni de lejos, la primera vez que se confirma una pena por delitos sexuales tras el aluvión de peticiones de reducciones por la aplicación de la integral de libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'. Pero la decisión adquiere cierto simbolismo porque el origen de la polémica norma es precisamente el caso de La Manada. La intención de la ley es poner el consentimiento en el centro para evitar sentencias como la que en 2018 condenó a sus cinco miembros por abuso y no por agresión sexual. Aquella decisión judicial fue corregida por el Tribunal Supremo, pero la contestación social, con manifestaciones multitudinarias por todo el país, impulsó a Irene Montero a comprometerse a elaborar una ley de libertad sexual bajo la premisa de que 'solo sí es sí'.
Esta ley fue uno de sus primeros objetivos como ministra de Igualdad, aunque lo peor estaba por llegar: al fusionar los delitos de abuso y agresión se redujeron algunas penas mínimas, estableciendo por ejemplo un mínimo de cuatro años (en vez de seis) para una violación y de seis (y no ocho, como antes) cuando la víctima es menor. Esta situación ha provocado que se hayan revisado cientos de penas a la baja, aunque muchas más hayan sido confirmadas.
Montero siempre ha defendido que la ley «es sólida» y que estas revisiones a la baja «no se corresponden con el espíritu de la norma ni con la voluntad del legislador», achacando las reducciones a un problema «de aplicación», es decir, de los jueces. Pero la alarma social y las presiones internas, incluso por parte de la izquierda más cercana a Unidas Podemos, han convertido el asunto en el mayor quebradero de cabeza del Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Tanto es así que, en un órdago a Montero, el PSOE ha registrado este lunes su propuesta de reforma de la ley sin que aún hubiese un acuerdo con Unidas Podemos.
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