El ex jefe de ETA 'Mikel Antza' / EP

El juez rechaza encarcelar a 'Mikel Antza' por el atentado de Santa Pola

Sí impone medidas cautelares a los exjefes de ETA, imputados junto a otros cuatro por el coche bomba que mató a una niña y un jubilado

Javier Arias Lomo
JAVIER ARIAS LOMO

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón rechazó este lunes enviar a prisión a los exdirigentes de ETA Mikel Albisu 'Mikel Antza' y Ramón Sagarzazu 'Ramontxu' por su presunta responsabilidad en el atentado perpetrado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) en el año 2002, si bien les impuso medidas cautelares: la obligación de comparecer obligatoriamente cada mes en el juzgado y la prohibición de salir de España, para el primero de ellos, y la designación de un domicilio donde ser notificado, en el caso del segundo.

El magistrado esgrime en los dos autos dictados que no concurre riesgo de fuga para ninguno de los dos exjefes de la banda terrorista a los que los informes de la Guardia Civil sitúan como miembros del comité ejecutivo de ETA hace 20 años, cuando la banda perpetró el atentado con coche bomba que acabó con la vida de una niña de 6 años y de un jubilado de 57 años. García Castellón apunta que «los investigados se encuentran localizados, poseen arraigo en España y no se infiere que vayan a evadirse de la acción de la justicia en la presente causa», desestimando así la petición de prisión provisional formulada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), a la cual se habían adherido tanto la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) como la acusación particular.

La asociación presidida por Daniel Portero expuso ante el juez un informe pericial para poner de manifiesto la necesidad que existe, a su juicio, de que ambos exjefes etarras ingresen en la cárcel. Dicho informe alude a un «riesgo total de fuga» en el caso de 'Antza', aduciendo que «la experiencia» que este acumuló durante su etapa de «organizador del comité de deportados huidos de la justicia» le garantiza «los conocimientos suficientes para encontrar los medios necesarios para subsistir fuera de España». Mientras que en el caso de Sagarzazu, DyJ considera que su responsabilidad al frente del 'aparato internacional' le provee de los contactos necesarios con etarras fugados para ponerse fuera del alcance de los tribunales.

Los otros cuatro exdirigentes etarras imputados en esta causa -que García Castellón reabrió el pasado marzo por una querella de DyJ- son Juan Antonio Olarra Guridi 'Jon', Ainhoa Mujika 'Olga', María Soledad Iparragirre 'Anboto' y Félix Esparza Luri. Los dos primeros se acogieron este lunes a su derecho a no declarar, mientras que a 'Anboto' no se le trasladó a la cárcel francesa desde donde debía comparecer. Esparza no estaba citado. El único que respondió a preguntas del juez y del fiscal fue Sagarzazu, quien negó su responsabilidad en los hechos investigados y recordó que su detención en Francia se produjo como integrante de ETA y no como dirigente. 'Antza' decidió no contestar a las preguntas de nadie.

Medida ya acordada

La Fiscalía, por su parte, se desmarcó de la petición de ingreso en prisión, pidiendo al juez -y amparándose en la unidad de actuación- comparecencias periódicas y la retirada del pasaporte, tal y como finalmente acordó García Castellón para 'Antza'. Aunque en realidad el exdirigente de ETA tiene prohibido abandonar el país ya desde julio por las cautelares que le impuso el juez del 'caso Miguel Ángel Blanco', por el que también está imputado.

La del joven concejal del PP de Ermua secuestrado y asesinado en 1997 es otra de las causas abiertas recientemente contra quienes fueron máximos dirigentes de ETA por su responsabilidad en los atentados. En el caso del otro exjefe etarra para el que se había pedido prisión, Sagarzazu, García Castellón solo le reclama que designe «un domicilio, persona y teléfono en que pueda ser notificado, citado y/o emplazado».

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