Don Juan Carlos apela a su inmunidad ante la justicia británica

Sus abogados responden en Londres a la denuncia de Corinna zu Sayn-Wittgenstein por un supuesto acoso

R. C.

La defensa de Juan Carlos I argumentó ayer ante el Tribunal Superior de Londres que las cortes inglesas no tienen jurisdicción sobre la demanda interpuesta en diciembre de 2020 por Corinna Larssen contra él por supuesto acoso. Los letrados contratados por el rey emérito, Philippa Webb y Daniel Bethlehem, ambos expertos en relaciones internacionales, alegaron ante el magistrado que el padre de Felipe VI goza de inmunidad en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de la Ley británica sobre Inmunidad, que blinda la inmunidad también para los jefes de Estado extranjeros.

Los abogados de don Juan Carlos apelaron además al «respeto recíproco que rige las relaciones bilaterales» entre España y Reino Unido desde el Tratado de Utrech, que implicó, entre otros acuerdos, la entrega de Gibraltar a la Corona británica.

Larssen acusa al rey emérito de haberla sometido a «acoso» continuado desde 2012, personalmente o bien a través de los servicios secretos españoles, amenazando su integridad y la de sus hijos. Según su relato, la situación comenzó a ser insostenible cuando se negó a devolverle a don Juan Carlos los 65 millones de euros que él le había donado previamente para asegurar su bienestar. Fue entonces, según la demante, cuando el monarca le indicó que «las consecuencias para ella 'no serían buenas' si no hacía lo que le pedía».

El pasado enero, la empresaria alemana declaró como testigo en un juicio celebrado en Madrid contra el excomisario José Manuel Villarejo y refrendó lo que dijo ante un notario de Londres en 2019: que el exdirector del CNI la amenazó por orden de Juan Carlos I. Incluso relató varios episodios que contribuyeron a generar esa situación de miedo por su seguridad. El más «escalofriante» se produjo en 2012 en la capital británica, cuando, por petición expresa del monarca, se reunió con Féliz Sanz Roldán en un hotel. En el encuentro, el que fuera jefe de los servicios secretos españoles le comunicó que no podía garantizar la seguridad ni de ella ni de sus hijos.

La examante del rey emérito alega que todas estas actividades de acoso y difamación le han impedido desarrollar con normalidad su trabajo como consultora estratégica y reclama una indemnización económica, además de que se le imponga a Juan Carlos de Borbón una orden de alejamiento de al menos 150 metros.