Menores africanos intentan ganar las costas de Ceuta el pasado mayo. / EFE

Interior declara secreto de Estado todas las subvenciones a fondo perdido a Marruecos

Marlaska, tras las crisis de Ceuta, alega ante Transparencia que el dinero que se entrega sin contraprestaciones no puede ser fiscalizado

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid

La entrada ilegal de cerca de 800 menores marroquíes a Ceuta el pasado mayo durante la mayor crisis migratoria con el país vecino ha desatado una avalancha de preguntas al Gobierno sobre su relación con Rabat en el Portal de Transparencia, la plataforma que en teoría, desde 2013, debe responder todas las dudas que los ciudadanos tienen de la actuación de la Administración central.

Sin embargo, y a pesar de que la inmensa mayoría de las preguntas planteadas por privados o instituciones son sobre simples subvenciones y ayudas de carácter público -y por tanto no se refieren a materias reservadas que hayan sido clasificadas por la Ley de Secretos Oficiales de 1968- el Ministerio del Interior ha decidido no hacer público ningún detalle de este dinero que se ha entregado a Rabat a fondo perdido en los últimos meses.

La negativa ante el Portal de Transparencia a facilitar la más mínima información del dinero que ha salido de las arcas españolas con destino a Marruecos en concepto de «cooperación policial» y la determinación de no facilitar un solo dato de las manos en las que han acabado esos fondos lleva la firma de Elena Garzón Otamendi, directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Las demandas de información del destino de subvenciones públicas (no sujetas a la consideración de fondos reservados) que desde la primavera pasada se vienen sucediendo en Transparencia se están encontrado con el mismo frontón: desvelar el dinero y el destino de ese dinero provocaría un daño a la «seguridad nacional», amén de perjudicar «las relaciones internacionales desarrolladas por el Reino de España».

Sin detalles

Aunque las demandas en el portal en el que la Administración central debería responder en qué gasta el dinero son muy concretas (incluso hay ciudadanos que preguntan por partidas específicas de «ayudas en cooperación policial internacional»), Interior se escuda, sin ahondar en más detalles, en que se trata de cuestiones que el Gobierno puede vetar a la opinión pública en atención a la Ley de Transparencia por tratarse de asuntos que afectan a excepciones previstas en los artículos 14.1.a, c y d de la normativa de 2013 (cuestiones que afectan a la «seguridad nacional», las «relaciones exteriores» y la «seguridad pública»).

Garzón, mano derecha del ministro en cuestiones migratorias, insiste en sus resoluciones en que la administración tiene derecho, aunque no se trate de fondos reservados declarados con tal, a ocultar a la ciudadanía qué dinero y a dónde van a parar esas subvenciones al país vecino. «Resulta necesario exceptuar la aplicación de los principios generales de publicidad y concurrencia a las ayudas otorgadas en desarrollo de la política del Gobierno en el marco de la política exterior española y en el desarrollo de la política de seguridad», apunta la alto cargo de Grande-Marlaska en sus escritos.

Interior llega a asegurar en el Portal de Transparencia que desvelar a dónde van a parar los fondos que llegan a las autoridades marroquíes sería tanto como dar pistas a las mafias de la inmigración clandestina. «Se trata de información cuya difusión comprometería la eficacia de la política de seguridad de ambos países, especialmente en un ámbito como el de lucha de las redes criminales de tráfico y trata de personas e inmigración irregular, cuyo modus operandi fluctúa de forma constante, con la finalidad de evadir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abriendo nuevas rutas de tráfico irregular de personas», llegan a apuntar los documentos oficiales de Interior.

Revelar la cuantía de las ayudas y los receptores -entiende el Ejecutivo- equivaldría a «comprometer la eficacia de la cooperación desarrollada en un ámbito que tiene una repercusión directa en la seguridad interior e internacional, por el carácter transnacional de las redes criminales de tráfico y trata de personas, y por su conexión con otras actividades delictivas».

Pero la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería va más allá para defender que no va a facilitar información pública sobre el dinero que supuestamente se entrega a personas en Marruecos ni en concepto de qué. Destapar a dónde y a quién van a parar al otro lado del Estrecho los fondos públicos -llega a afirmar Interior solo días después de la crisis de los menores de Ceuta- quebraría la «confianza mutua» entre los dos países.

Por ello, zanja el departamento que dirige Grande-Marlaska, descubrir detalles sobre el dinero que va de la península al país vecino sería tanto como destapar «actuaciones relevantes para la seguridad», que incluso afectarían a la «Estrategia de Seguridad Nacional».