Interior retomará la devolución de menores a Marruecos tras el aval de la Audiencia Nacional

El tribunal había dado este martes 24 horas de plazo para que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska explicara más detalles sobre la carta que envió al Gobierno de Ceuta para dar inicio al procedimiento de repatriación de estos jóvenes. La Audiencia señala, además, que la misiva, fechada el 10 de agosto, cuenta con varios defectos de forma, «como la falta de firma o de destinatario», y que su justificación es «escueta».

En su respuesta al tribunal, el Ministerio del Interior sostiene, en cambio, que no se trataba de una orden al Gobierno de la ciudad autónoma, sino de un ruego. «Se limita a poner de manifiesto que el ministro del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos», defendió el secretario de Estado para Seguridad, Rafael Pérez.

Desde Interior también descargan gran parte de la responsabilidad de la operación en el Gobierno ceutí, controlado por Juan Jesús Vivas, del Partido Popular. Pérez defiende que la carta enviada era una respuesta a una resolución previa de Vivas, que «ha venido solicitando la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos» de 2007 sobre repatriación de menores no acompañados. Documento al que el propio Marlaska se lleva aferrando desde el pasado viernes, fecha en la que comenzaron las devoluciones de menores, a razón de quince por día, para justificar lo que denomina «retornos asistidos».

La Audiencia Nacional también recuerda a Interior que los acuerdos de retorno de los menores «están siendo enjuiciados» por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Ceuta, que el lunes por la noche paralizó durante 72 horas este dispositivo, por lo que si el tribunal central siguiera adelante con el recurso «vulneraría la litispendencia», es decir, el principio de no juzgar dos veces el mismo asunto.

La Fiscalía y el Defensor delPueblo, por su parte, mantienen las sosprechas sobre la legalidad del protocolo bajo el que se están llevando a cabo estas repatriaciones y creen que vulnera la Convención de Derechos del Niño de la ONU, que obliga a escuchar a los menores en los asuntos jurídicos y administrativos que les afectan. La Ley de Extranjería también exige un informe individual del Ministerio Público para cada repatriación, caso por caso. El propio convenio entre Marruecos y España recoge, en su artículo 5, que estas actuaciones deberán realizarse «con observancia estricta de la legislación española».

Unas garantías que supuestamente no se habrían respetado a tenor de lo declarado el martes por el propio Vivas, que afirmó que dicho acuerdo no obligaba a realizar entrevistas individuales con cada menor.

El presidente de Ceuta volvió a defender este miércoles la actuación «coordinada y conjunta» con Interior ante un «problema de Estado» que afecta especialmente a su territorio donde los menores no acompañados viven en «condiciones de precariedad» desde hace ya tres meses.

Vivas manifestó que para hacer una evaluación de la situación actual se debe partir de aquellos días cuando Ceuta «sufrió un episodio que desbordó todas las capacidades de actuación» ya que entraron en la ciudad autónoma, que representa el 0,2% de la población española, «el 10% de todos los menores no acompañados que hay en España».