Iglesias, Montero y Calviño defienden las subidas de impuestos

28/05/2020

Los titulares de Derechos Sociales, Hacienda y Asuntos Económicos revalidan el pacto de la legislatura para elevar la presión fiscal.

Si hace una semana afloraban grietas en el pacto de coalición a cuenta de la reforma laboral y los diferentes grados y velocidades que cada socio prefiere para su derogación, este jueves el Gobierno fue un bloque. El aglutinante fue la cuestión tributaria: la necesidad que ve todo el Gobierno de elevar la presión fiscal en España para igualarla con la media europea.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado; y el vicepresidente Pablo Iglesias y la titular de Economía, Nadia Calviño, en la comisión de Reconstrucción del Congreso, usaron parecidos palabras y argumentos para referirse a los impuestos.

«Necesitamos tener un sistema fiscal sólido, adecuado al Estado de Bienestar que corresponde a nuestro país, y ello exige abordar el gap de ingresos que España tiene respecto a la media de la zona euro», afirmó Calviño. Montero precisó que España es el quinto país con menos ingresos públicos sobre el PIB de la eurozona -tras Malta, Letonia, Lituania e Irlanda- e instó a la equiparación progresiva a la media comunitaria, lo que otorga «un claro margen» de mejora de los ingresos fiscales al país. «Sin un sistema tributario justo no hay Estado social y de derecho», remató. El vicepresidente defendió «la necesidad de reconstrucción de la justicia fiscal y de dotarnos de instrumentos de recaudación eficaces, tal y como marca nuestra Constitución».

Los tres miembros del Ejecutivo -muchas veces en posiciones discrepantes, especialmente el vicepresidente, por un lado, respecto a sus compañeras de Gobierno, por otro- también coincidieron en la necesidad de un sistema tributario más «progresivo» (en palabras de Montero y Calviño) y «democrático» (según Iglesias), que luche contra la economía sumergida y el fraude. Y si el vicepresidente afirmó que «hay que dejar atrás la amnistía a los defraudadores», la titular de Hacienda recordó que la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal incluirá la prohibición de las amnistías fiscales.

Aunque también hubo diferencias de matiz, que dan muestra de la sensibilidad de cada cual. Así, el refuerzo de los ingresos públicos que defendió Calviño se enmarcó en la recuperación de «la senda de la consolidación fiscal» cuando se supere esta fase extraordinaria de incremento del gasto y de reducción de los ingresos por la pandemia y el confinamiento.

Mientras, Iglesias animó a dejar atrás «la progresiva supresión de impuestos a los más ricos» y «los privilegios fiscales» de las grandes empresas y se refirió al consenso que percibe en Europa sobre la necesidad de una «tasa de reconstrucción» y de una «tasa de las grandes fortunas», para que los que más tienen dispongan de un «mecanismo para expresar su solidaridad con la patria».

No hay cambio de planes

Si bien Montero no se refirió a ninguna figura tributaria en concreto -salvo las que se encuentran ya en tramitación en el Congreso: la ‘tasa Tobin’ y la ‘tasa Google’-, en alguna ocasión ha afirmado que no es partidaria de la creación de nuevos impuestos y que prefiere reformar los ya existentes. Este jueves reiteró que propondrá la armonización de los tributos cedidos a las comunidades (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones), algo que entrará dentro de la reforma del modelo de financiación autonómica y local a la que urgió a los grupos parlamentarios.

Hace unos días, Montero recordó que la hoja de ruta fiscal del Ejecutivo sigue pasando por el pacto de legislatura y por el proyecto de presupuestos de 2019 y que lleva consigo subidas en el IRPF para rentas altas y en Sociedades para grandes empresas.

Calviño recordó que España podrá contar con recursos más allá de los impuestos: propuso un plan de inversiones y reformas en paralelo al plan de reconstrucción europeo que, según la propuesta de la Comisión Europea, financiará a los Estados más a través de transferencias que de créditos.

La guinda de la reconstrucción -en este caso de las relaciones del Gobierno- también la puso Iglesias, al afirmar, en línea con el ‘mainstream’ que parece haberse impuesto: «Reconstruir en el marco del diálogo social los derechos laborales que quedaron arrasados como resultado de la anterior reforma laboral debe ser un objetivo de Gobierno y un objetivo de país».