Pazo de Meirás. / EFE

Los Franco tienen un mes para sacar sus cosas de Meirás

La familia del exjefe del Estado pretende retirar todos los bienes del pazo, incluidos los declarados de interés cultural

EUROPA PRESS A. Coruña

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha acordado conceder a la familia Franco el plazo de un mes para la retirada «de las cosas, bienes u objetos» que hay en el interior del pazo de Meirás, con la excepción de aquellas que eventualmente se encuentren en él por haber sido colocadas por el Estado tras haber tomado posesión del inmueble. Además, la letrada de la Administración de Justicia, en la diligencia de ordenación, contra la que cabe presentar recurso de reposición, requiere al Estado para que permita el acceso al pazo de los profesionales que designe la familia Franco para poder efectuar la retirada de los bienes.

La resolución atiende a la petición hecha por los Franco en un escrito presentado por sus letrados este lunes después de que la Sección Tercera Audiencia Provincial de A Coruña revocase el depósito mobiliario a favor del Estado. Sobre los bienes existentes, los Franco ya han adelantado su voluntad de retirar todos, incluidos los declarados como Bien de Interés Cultural (BIC), aunque en este caso tendrían que pedir autorización a la Xunta.

Recientemente, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, reivindicó tanto las estatutas Mestre Mateo como la biblioteca de Emilia Pardo Bazán como bienes «de Galicia» y avanzó que la Administración autonómica ejercerá su marco competencial con el objetivo de que queden en esta autonomía.

Más pleitos

Con la decisión adoptada por la Audiencia de A Coruña al estimar el recurso de la familia del exjefe del Estado -que ahora deberá ser «indemnizada» por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación-, se dejó sin efecto la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en el que se ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del pazo de Meirás.

Los magistrados dejaron abierta, no obstante, la posibilidad de que el Estado pueda reclamar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere Patrimonio Nacional asignados al jefe de Estado.