Dan el tercer grado a los presos del ‘procés’

El Departamento de Justicia de la Generalitat ha decidido conceder el tercer grado penitenciario a los nueve presos del ‘procés’, condenados a penas de nueve a trece años por un delito de sedición y malversación en el caso de algunos de ellos.

CRISTIAN REINO / BARCELONA

De este modo, Servicios Penitenciarios del Govern catalán, que tiene las competencias transferidas en materia de prisiones, ha ratificado la propuesta formulada el pasado 2 de julio por las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Barcelona, Puig de les Basses y Lledoners.

El tercer grado, que llega cuando algunos de ellos no han cumplido aún ni un cuarto de sus penas, implica que los nueve dirigentes secesionistas, que llevan entre dos y dos años y medio en prisión, entre el tiempo que permanecieron de forma preventiva y tras las condenas dictadas por el Supremo en octubre del año pasado, podrán salir del penal de lunes a viernes durante el día y solo tendrán que regresar a dormir. Los fines de semana, además, podrán pasarlos en casa completamente. El tercer grado otorga 48 permisos anuales, frente a los 36 del segundo.

En estos momentos ya tienen asignado un régimen de semilibertad con el segundo grado, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permite salir de lunes a viernes a trabajar y hacer labores de voluntariado. La Fiscalía se ha opuesto en todos los casos, pero los jueces de vigilancia penitenciaria los han avalado. La Fiscalía ya advirtió días atrás con impugnar los 100.2, por lo que si mantiene el mismo criterio llevará la decisión de la Generalitat al Supremo, el mismo tribunal que en octubre de 2019 condenó a los nueve dirigentes secesionistas por su implicación en los hechos de octubre de 2017, con el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia.

Según fuentes de la Consejería de Justicia de la Generalitat, el tercer grado está justificado en que en todos los casos participan en actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos; ofrecen la máxima colaboración, tanto con el resto de internos como con los profesionales de los equipamientos penitenciarios; así como la ausencia de incumplimientos judiciales y de expedientes disciplinarios. El Servicio de Clasificación también ha tenido en cuenta que todos los internos disponen de una red social y familiar favorable para la rehabilitación, junto con un pronóstico de bajo riesgo de reincidencia.

Ahora, las juntas de tratamiento de cada uno de los centros penitenciarios establecerán las fechas a partir de las que se aplicarán los terceros grados, los horarios concretos y, en su caso, los cambios en las actividades que desarrollan fuera de los centros penitenciarios.

La ley establece que el Servicio de Clasificación debe trasladar las resoluciones de tercer grado a la Fiscalía, que las puede recurrir ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente. Sin el recurso de la Fiscalía, en este supuesto, el tercer grado se aplica hasta que lo resuelven los juzgados. Las decisiones de los juzgados de vigilancia también se pueden recurrir, en última instancia, ante el Tribunal sentenciador, que, en este caso, es el Tribunal Supremo