Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, e Irene Montero, ministra de Igualdad, esta mañana en un salón del Senado, Madrid. / EP

Tenso cara a cara entre Montero y la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género

La ministra y Ángeles Carmona discrepan en un acto en el Senado sobre el sesgo machista en la justicia que la titular de Igualdad atribuye a los magistrados que bajan las penas. Vendrán más revisiones de condenas, advirtió el fiscal general

Doménico Chiappe
DOMÉNICO CHIAPPE Madrid

Frente a los máximos representantes del sistema judicial, como el presidente de CGPJ y el fiscal general, la ministra de Igualdad insistió en señalar la existencia de «sesgo patriarcal» en los tribunales, aunque esta vez, en lugar de la confrontación directa de la víspera, prefirió citar «textualmente» algunos pasajes de convenios internacionales como el de Estambul, en los que advierte que «estereotipos y sesgos machistas comprometen el sistema de justicia».

Durante la inauguración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia de Género hubo respuestas directas, como los de la presidenta de la entidad organizadora, Ángeles Carmona, referencias veladas como las de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, e indirectas como las del autorreconocido «feminista» Ander Gil, presidente del Senado. La polémica de la 'ley del sí es sí', a cuenta de las rebajas de las penas, impregnó de fondo la mayoría de los discursos de las autoridades presentes, para respaldar a los jueces y la justicia en general. Hubo una excepción, la del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que se centró en las mejoras realizadas al sistema VioGen y pasó de puntillas por la polémica del día.

En su turno de palabra, Irene Montero advirtió que «feroces resistencias intentarán frenar este imparable cambio» y pidió «garantizar la formación de los jueces para que tengan la sensibilidad necesaria para la correcta aplicación de las leyes». Minutos antes, Carmona, que también es vocal del Consejo General del Poder Judicial, había replicado las intervenciones de la víspera tanto de la delegada de Gobierno contra la violencia machista Victoria Rosell, que estaba en primera fila y será moderadora de una mesa del simposio, como de la ministra Montero.

En defensa de los jueces, Carmona destacó su «entrega, esfuerzo, profesionalidad», con «sólida formación y sensibilidad contra la violencia de género», y más tarde, al salir, declaró que los señalamientos por parte del sector de Podemos del Gobierno eran «absolutamente injustos». «En España no hay justicia patriarcal». Por su parte Montero, como las demás autoridades, evitaron los micrófonos y salieron tan rápidamente como entraron.

Más revisiones

En defensa de los «jueces y juezas» también salió el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: «Están formados y especializados para perseguir los delitos de violencia de género y prestar a las víctimas toda la protección y asistencia personalizada». E incidió, como otros ponentes, en la necesidad de no sembrar desconfianza en el sistema judicial, que podría ser una consecuencia de los argumentos vertidos desde Igualdad. «Nuestro reto (como fiscales) sigue siendo aflorar las víctimas ocultas, romper el silencio», dijo García Ortiz. «Es imprescindible fomentar la confianza en la justicia. Debe ser la puerta a la dignidad y libertad de las víctimas».

El fiscal general advirtió que vendrán más rebajas de penas para agresores sexuales: «Hay una modificación de los tipos penales que, como cualquier otra reforma del código penal, conlleva una revisión de algunas de las condenas. La Fiscalía, huyendo de automatismos, hará este trabajo jurídico con pleno respeto a los principios constitucionales y al amparo a las víctimas».

Durante todo el acto hubo unanimidad en algo: la violencia de género es una «lacra» y la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la lucha por la igualdad real debe continuar siendo un asunto de Estado. Tampoco hubo en ninguno de los discursos una reprobación a la 'Ley integral de garantía integral de la libertad sexual', pero sí una defensa de las actuaciones judiciales ante las agresiones machistas. De hecho, hubo incluso reconocimiento al conjunto de la ley, como el que hiciera el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo Muelas, que antes dejó claro que «la justicia está comprometida de manera absoluta» y que «ningún maltratador va a quedar impune».

Mirando directamente a Montero, que estaba a su derecha, aplaudió que la 'ley del sí es sí' proteja a las mujeres y sus allegados, amplíe la protección, sea transversal, establezca protocolos de actuación... pero también le recordó que modificaba las penas, justo antes de finalizar su discurso con estos puntos suspensivos.

Respaldo político

La representación del sector del Gobierno la nutrió Grande-Marlaska y Gil García. El ministro no estaba en el programa inicial, y quizás acudió ante la ausencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que se excusó por covid. Sin embargo, el titular de Interior no entró en la polémica de la 'ley del sí es sí', ni para elogiar la nueva norma ni para apaciguar los ánimos. Cerró el acto Gil García, que fue el único de la mesa que apoyó los argumentos de Montero, al denunciar un «negacionismo machista» de «personas retrógradas».

No llegó el presidente del Senado, sin embargo, a señalar a los jueces ni a referirse a las revisiones a la baja de las condenas, pero sí acusó que «existen los que excusan, niegan y justifican la violencia de género desde la política». Por eso, hiló, faltan «leyes avanzadas para hacer un sistema mejor». Reconoció que «la justicia avanza» y que la «formación de la judicatura ha mejorado ostensiblemente, pero queda mucho trabajo por hacer».