CDC, condenada por saquear 6,6 millones del Palau
La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel al extesorero de CDC Daniel Osàcar por los 6,6 millones de euros de comisiones ilegales que la formación cobró, a través del expoliado Palau de la Música, a cambio de asegurar a Ferrovial un «flujo constante» de obra pública.
EFE / Barcelona
Lunes, 15 de enero 2018, 17:58
Casi nueve años después de que estallara el escándalo por el desfalco del Palau, uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, la Audiencia ha condenado a nueve años y ocho meses de cárcel a Fèlix Millet, al concluir que saqueó la institución en beneficio propio, desviando los fondos públicos y privados de que se nutría para todo tipo de gastos domésticos, viajes y hasta las bodas de sus hijas.
A Jordi Montull, que fue su mano derecha, la sala le ha impuesto siete años y seis meses de cárcel, y otros cuatro y medio a su hija Gemma, ex directora financiera de la entidad, a la que la sentencia ha supuesto un mazazo, dado que confiaba que su condena no superara los tres años de prisión -uno de ellos sustituible por multa, lo que le permitía eludir la cárcel- que pactó con la Fiscalía a cambio de incriminar a CDC en la trama.
En una sentencia que el propio expresidente de CDC Artur Mas no ha dudado en calificar de «dura», la Audiencia cree probado que, mientras eran expoliadas, las cuentas del Palau de la Música sirvieron de «puente» para que la constructora Ferrovial pagara comisiones ilegales de hasta el 4 %, que CDC se repartía con los exresponsables de la entidad en una proporción del 2,5 y el 1,5 %.
A cambio de esas mordidas, sostiene el tribunal, los extesoreros de CDC Daniel Osàcar y Carles Torrent, fallecido en 2005, utilizaban su posición política, «por sí solos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados», para lograr que los órganos que decidían en materia de obra pública autonómicos o locales «generasen un flujo constante» de adjudicaciones a Ferrovial.
En consecuencia, la Audiencia ordena el decomiso de los 6,6 millones de euros cobrados por CDC, que sigue con quince de sus sedes embargada como fianza por su responsabilidad en el desfalco, aunque pospone a la fase de ejecución de la sentencia -una vez sea firme- la decisión sobre si es el PDeCat quien debe pagar esa cantidad.
La línea 9 del metro o las obras de la Ciudad de la Justicia son algunas de las grandes obras que el tribunal cree se adjudicaron a Ferrovial, mediante concursos en que el resultado final se «cocinó» para beneficiar a la constructora por el pago de comisiones, en un «acuerdo criminal» que se mantuvo «ininterrumpidamente» desde 1999 hasta que los Mossos entraron en el Palau en 2009.
Según el tribunal, en un inicio las comisiones se hacían llegar a CDC mediante entregas en efectivo al extesorero del partido, pero con la entrada de Gemma Montull al Palau el sistema se «sofisticó» y los pagos se enmascararon a través de convenios mendaces de colaboración cultural con la Fundación Trias Fargas y facturación de servicios inexistentes a empresas que se prestaron a tal fin.
Blanqueo del dinero percibido.
Ese entramado, mantiene la sala, permitía a CDC «convertir aquellos fondos ilícitos en dinero convenientemente blanqueado y apto para uso alejado de sospechas».
Pese a dar por probada su participación en la trama de pago de comisiones, la sala ha absuelto a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, al entender que su responsabilidad penal ha prescrito.
Tras el anuncio de las principales defensas de que recurrirán la sentencia, la Fiscalía ha avanzado que pedirá a la Audiencia que en los próximos días convoque una vista para solicitar medidas cautelares sobre la situación personal de Millet, los Montull y Osàcar, lo que podría comportar su ingreso en prisión a la espera de que el fallo sea firme.
El PDeCAT se desmarca y otras reacciones políticas.
Por su parte, el PDeCAT se ha apresurado a desmarcarse de la formación que la precedió y, tras recordar que es una formación «nueva» nacida en 2016 con un compromiso de «transparencia», ha insistido en que CDC ya ha «asumido responsabilidades políticas» por este caso.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó que el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull deben «considerar apartarse de la función pública», mientras ERC ha pedido que «quien tenga que asumir responsabilidades que las asuma» y el PSC ha apuntado que Mas y Puigdemont son «responsables» del expolio y «deben dar explicaciones» y devolver el dinero.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que ve «simbólico en Cataluña» poner de manifiesto que la «ley se cumple siempre», mientras el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha asegurado que Convergència era una «organización delictiva» cuyo fin era «saquear» a los catalanes.
