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EFE / Bilbao
Jueves, 1 de enero 1970
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En su primera visita a Euskadi tras ser elegido secretario general de la central sindical, Sordo ha clausurado en Bilbao unas jornadas sobre trabajo digital organizadas por la Fundación José Unanue, de CCOO de Euskadi, en cuyo marco ha tratado sobre las medidas que el sindicato considera urgente adoptar para luchar contra "la creciente desigualdad" existente en un momento de crecimiento económico.
En este contexto, el responsable sindical ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "no es cierto" que CCOO y UGT estén negociando una reforma laboral, "desmintiendo" de esta forma "algunas cosas que a nivel de propaganda el Gobierno de Rajoy viene diciendo", según ha indicado.
"¡Ojalá -ha deseado- pudiéramos estar negociando la reversión de las dos últimas reformas laborales que están precarizando el empleo y tirando los salarios en este país! pero no estamos negociando ninguna reforma laboral porque el Gobierno ahora mismo ha desaparecido del mapa en la negociación con los agentes sociales", ha insistido.
El dirigente, que ha evidenciado la voluntad de los sindicatos por dialogar y acordar con el Gobierno sobre distintas materias, ha señalado que, entre otras actuaciones, CCOO pretende "abrir en canal el tema de las pensiones".
Según ha dicho, "es absolutamente prioritario" revertir la reforma de pensiones de 2013 del Gobierno de Rajoy porque "va a acarrear una caída de la pensión media en los próximos 30 años importantísima en España" si no se hace, ha advertido.
El secretario general de CCOO ha sostenido que las pensiones públicas son viables "si este país está dispuesto a gastarse el 15 % de la riqueza que genera en pensiones. Es una cuestión de voluntad política".
Por otro lado, Sordo ha apostado por mejorar los salarios por encima del índice de precios de consumo y ha anunciado una "ofensiva" de CCOO y UGT en favor de una subida "significativa" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
También ha apostado por establecer una renta mínima en España, donde 1,5 millones de desempleados no cobran ningún tipo de prestación por desempleo, para garantizar que todas las personas tengan cobertura social.
Con esta renta mínima se posibilitaría que las personas que pierdan el empleo "en los tránsitos de formación y de generación de nuevas tecnologías aplicadas en las empresas" no se vean abocadas "a la exclusión social", según ha indicado.
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