La presidenta de la Comision Europea, Ursula Von der Layen. / AFP

La UE vetará a las empresas de transporte que ayuden a la inmigración ilegal

La medida propuesta por Von der Layen tendrá que ser respaldada por la Eurocámara y los Estados

SALVADOR ARROYO Corresponsal en Bruselas

La 'lista negra' que Ursula von der Leyen propuso elaborar con aerolíneas y agencias de viajes que participen en el «contrabando de personas», ya tiene un primer diseño encima de la mesa. La Comisión Europea lanzó este martes su propuesta para incorporar el nuevo marco legal que permita vetar a aquellos operadores del transporte comercial que ayuden a la migración irregular.

Un plan de respuesta espoleado por la crisis abierta por Bielorrusia en su frontera con Polonia y los países del Bálticos y que abarca desde limitar las operaciones de los empresas sospechosas por aire, mar y tierra, en la UE hasta el cerrojazo. «La suspensión de licencias o autorizaciones, la cancelación de los derechos de repostaje o tareas de mantenimiento, la prohibición de transitar o sobrevolar el espacio aéreo de la UE o cualquier otro tipo de paradas técnicas». Lo dicho, el veto absoluto.

La iniciativa, que tendría que ser respaldada por la Eurocámara y los Estados, tendría un periodo de aplicación que, a priori, «no excederá de un año». Y, en todo caso, «las medidas se revisarán cuando sea necesario y también podrán renovarse», reza en la propuesta legislativa.

«Los intentos de desestabilizar la UE instrumentalizando a las personas no funcionarán. La UE está unida y está tomando diversas medidas para resolver la situación en las fronteras exteriores de la UE con Bielorrusia», ha asegurado Von der Leyen.

La Comisión Europea ha puesto a disposición de Letonia, Lituania y Polonia, 200 millones de euros más para la gestión de fronteras. Una cantidad que se sumaría a los 700.000 euros que también se movilizarán para la asistencia por parte de Cruz Roja y Naciones Unidas a los migrantes atrapados en la frontera con Polonia. También hay una reserva de más de tres millones para el retorno de estas personas a sus países de origen.