La ultraderecha amenaza Alemania

Según el informe anual de Delitos de Motivación Política, en 2020 hubo un récord histórico de 23.604 casos vinculados a la extrema derecha, un 5,6% más que el año anterior a pesar de las restricciones de la pandemia. Estos suponen más de la mitad del total de 44.692 delitos recogidos como políticos: el resto se los reparten la extrema izquierda, el islamismo y otras corrientes minoritarias. «Eso es preocupante porque se prolonga una tendencia que se ha observado en los últimos años y porque hay un aumento general de los hechos violentos de motivación política», argumentó el ministro.

La mayoría son de odio. Pero en 3.365 casos se trató de violencia (con once víctimas mortales y trece intentos de homicidios), lo que supone un aumento del 18,3%. Seehofer recordó aquí el atentado de Hanau en febrero de 2020, en el que nueve personas, en su mayoría de origen turco, fueron asesinados por un ultraderechista. «Ése fue el tercer atentado en pocos meses», advirtió el ministro. Hacía referencia así también al asesinato en junio de 2019 del político conservador de Kassel Walter Lübcke, que se había significado por apoyar la llegada de refugiados, y el ataque frustrado a la sinagoga de Halle en octubre, en plena fiesta judía del Yom Kippur, con el resultado de dos muertos. Seehofer calificó además de «vergonzoso» y «preocupante» el repunte del 15,9% de los delitos antisemitas.

El ministro destacó la aparición, a raíz de la pandemia, de un nuevo foco de extremismo en el colectivo negacionista, al que se asignan unos 300 delitos. «Los manifestantes hacen uso de su derecho de manifestación, pero se están dando extrañas coaliciones que incluyen adeptos a las teorías de la conspiración, grupos esotéricos, antivacunas y otros de extrema derecha», señaló Seehofer. En torno a estas protestas se producen ataques a la Policía y a representantes de medios de comunicación. Preocupa especialmente a las autoridades el colectivo Querdenker, que ha sido ya designado por los servicios secretos como objeto de seguimientos.

La presentación del anuario coincidió con el anuncio de la detención del ultraderechista, un berlinés desempleado de 53 años, que supuestamente llevó a cabo una masiva campaña de anónimos con amenazas de muerte a políticos, periodistas, abogados y activistas. Envió al menos 115 mensajes –a través de correo electrónico, fax, SMS y formularios digitales de contacto– a un total de 32 personas y 60 instituciones en Alemania y Austria. Firmaba como NSU 2.0, en referencia a la célula terrorista Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), que asesinó a nueve extranjeros y una policía entre 2000 y 2007.

Según la Fiscalía de Fráncfort y la Oficina de Investigación Criminal (LKA) de Hesse, el detenido es «altamente sospechoso» de haber enviado «desde agosto de 2018 una serie de cartas amenazantes de contenido inflamatorio, insultante y amenazante». El arrestado había sido condenado ya en varias ocasiones, algunas de ellas por acciones ultraderechistas.

Afrontando un escándalo sin resolver, fuentes de la investigación explicaron que el sospechoso no tuvo contacto con miembros de las fuerzas de seguridad, pese a que se cree que tuvo acceso a información policial de las víctimas. Esto llevó a la dimisión del presidente de la Policía de Hesse el pasado julio.