Ursula von Der Leyen / EFE / ATLAS

Von der Leyen amenaza a Polonia con retener 210.000 millones de fondos europeos

El primer ministro Morawiecki dice que no aceptará el «chantaje» de Bruselas y cuestiona su «control democrático»

SALVADOR ARROYO Bruselas

El veredicto del Tribunal Constitucional de Polonia que hace más de diez días abrió una crisis jurídica sin precedentes en la UE al rechazar la primacía del derecho europeo en varios artículos, está protagonizando este martes un intenso debate en la Eurocámara. El plato fuerte: un cara a cara entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. La primera le ha recordado todo el arsenal de respuesta que Bruselas tiene a su disposición para confrontar la 'rebelión' jurídica y que podrían poner en riesgo los «210.000 millones de euros» que Polonia debería recibir los próximos seis años de fondos comunitarios.

El segundo ha subrayado que no aceptará «chantajes» antes de insistir en que la Constitución «está por encima de cualquier otra fuente de derecho». Ha ido más allá al acusar a Bruselas de excederse en sus competencias e incluso habló de «decisiones que se toman a puerta cerrada» y de un trato que «no es igual» hacia todos los países.

El primer ministro polaco se despachó a gusto en un discurso inicial que se prolongó media hora cuando el guión del centenar de intervenciones previstas le otorgaba cinco minutos al principio y otros tantos al final del debate. Desde la Presidencia de la Mesa se le ha tenido que llamar la atención en al menos tres ocasiones y en la última interrupción Morawiecki le replicó incluso con dureza: «No me moleste, estoy terminando».

«La sentencia cuestiona los fundamentos de la UE. Es un desafío directo a la unidad del orden jurídico europeo». «Es la primera vez que un Estado miembro determina que los Tratados de la UE son incompatibles con la Constitución nacional», destacaba Von der Leyen antes de garantizar que «la Comisión Europea actuará». Puso encima de la mesa las tres vías de respuesta. La primera. Los distintos procedimientos de infracción que, hasta ahora, han fracasado.

La segunda. La condicionalidad (no habrá dinero si no se respetan los principios del Estado de Derecho). Este mecanismo entró en vigor el 1 de enero y ha sido recurrido ante el TJUE por Hungría y Polonia. «El Gobierno polaco tiene que explicarnos cómo pretende proteger (con esta sentencia) el dinero europeo»: 210.000 millones de euros del Presupuesto Plurianual de la UE y del fondo de recuperación que Polonia recibiría los próximos años.

Y la tercera opción. La reactivación del Artículo 7. Un 'botón nuclear' (como se conoce a la herramienta en el argot comunitario) que se pulsó contra Polonia en 2017, que desde entonces se encuentra en vía muerta, que podría dejar al país sin derecho a voto y veto. Y que se pulsó precisamente porque consideraba que el mismo Constitucional que hoy falla contra el derecho europeo «no es independiente y legítimo».

Y ahí está el meollo del conflicto: en que Bruselas no considera lícito al alto tribunal polaco por unas derivas autoritarias en el país y una intromisión del Gobierno en el poder judicial que se ha concretado en el levantamiento discrecional «de la inmunidad» de jueces y la expulsión de «sus funciones sin justificación».

Morawiecki no sólo rechazó todas las acusaciones. No se quedó en la actitud defensiva de lo que, en un momento dado, llegó a considerar como «un malentendido». Atacó con todos los argumentos del gobierno ultraconservador que representa bajo las siglas del PiS. Iliberalismo en estado puro.

«Rechazo este lenguaje de amenazas o coacción (...). El chantaje se está convirtiendo en un método habitual de algunos Estados miembros y esta no es la base de la democracia», criticó. En su argumentario, las ideas que ya la víspera había trasladado a los líderes europeos en una carta en la que alertaba del riesgo de «gestión centralizada por parte de instituciones desprovistas de todo control democrático». Un fenómeno «peligroso que amenaza el futuro de la UE».

Lo mismo pero en una versión más extendida con repaso histórico del papel de su país en la lucha contra el nazismo, la amenaza rusa que hoy se concreta «en el aumento de precios causados por la acción de sus empresas» o la aportación de su país al proyecto común. «Polonia no llegó aquí con las manos vacías», dijo.

Y sí, subrayó que «este es nuestro lugar, nuestro destino, y no nos vamos a ir de aquí». No habrá 'Polexit'. Pero «no aceptamos el chantaje, quizás funcione con otros pero no con Polonia» y remarcó que «la Constitución está por encima de cualquier otra fuente de derecho»; que otros altos tribunales han cuestionado también al TJUE (utilizó citas de sentencias de Dinamarca o Alemania y se refirió a otras de España, Italia, Rumanía o Lituania). Y que la UE no es un Estado. «Son Veintisiete países soberanos, dueños de los tratados y establecen las competencias dentro de la UE. Hemos dado muchas competencias, pero no todas».