Comisión Europea / EP

Bruselas inicia acciones legales contra Reino Unido por saltarse el acuerdo del 'brexit'

Abre un procedimiento de infracción contra la decisión de Johnson de retrasar seis meses los controles en Irlanda del Norte

SALVADOR ARROYO Bruselas

El 'brexit' de nunca acabar ha escrito este lunes el enésimo episodio de las divergencias entre Londres y Bruselas. Después de que el Gobierno de Boris Johnson anunciase la pasada semana que volvía a saltarse los acuerdos que él mismo firmó al ampliar seis meses (de abril a octubre) el periodo de exención de los controles fitosanitarios y agrosanitarios en el mar de Irlanda -un movimiento que responde a las dificultades de su gobierno para acometer esa supervisión-, la Comisión Europea da un golpe sobre la mesa. No está dispuesta a pasar por el aro y ha iniciado un procedimiento de infracción que en el tramo final de su largo recorrido implicaría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, a medio camino, incluso sanciones.

Bruselas entiende que la decisión del 10 de Downing Street vulnera el derecho internacional; es «inaceptable». En realidad, llueve sobre mojado y tensiona aún más las relaciones entre el bloque y Reino Unido que en los últimos días incluso han tenido incluso roces por la distribución de vacunas. No hace ni tres meses que se atornilló el acuerdo final del 'brexit' tras extenuantes negociaciones. Y acaban de cumplirse seis desde que otro incumplimiento del 'premier' británico, amenazó con echar por tierra una negociación de años.

Bruselas amenazó entonces (septiembre) con pulsar el botón rojo y denunciar a Reino Unido por su polémica ley de Mercado Interior, que ya vulneraba los acuerdos alcanzados hasta ese momento. Finalmente se acabó retirando. Pero ahora el ya ex socio comunitario vuelve a «violar sus obligaciones internacionales de nuevo y en relación al mismo asunto». Y como saltarse los principios del acuerdo de retirada tiene un camino reglado (el procedimiento de infracción); ahora es el «que se debe seguir», justifican fuentes comunitarias.

A partir de aquí, se establecen varias etapas. La primera es el envío de una carta formal de emplazamiento en la que solicita más información a Londres. Esta fase, que es la que acaba de activarse, conlleva una espera de hasta dos meses. Si con todo la Comisión Europea, garante de los tratados, concluye que se han incumplido las obligaciones contraídas, trasladaría una petición formal para que lo haga. Si persiste, el asunto se remitiría al TJUE, cuya influencia fue motivo de gran discrepancia en las negociaciones con Bruselas. Reino Unido rechazaba tener que supeditarse a la alta corte europea, aunque al final sí aceptó que tuviera un control. Antes de llegar la sentencia incluso podrían activarse sanciones contra el Gobierno británico si persiste en la infracción.

La cuestión es que se está ante un procedimiento largo que consumiría sobradamente el periodo extendido que Johnson se ha dado para aplicar los primeros controles a las exportaciones agroalimentarias de Reino Unido. A no ser que se llegue a un pacto; algo que tampoco esta descartado -el comisario Maros Sefcovic ha emplazado por carta a David Frost a rectificar la decisión e iniciar inmediatamente contactos bilaterales-. Londres ha argumentado que al prolongar hasta octubre la moratoria a los controles pretende dar tiempo a que operadores, supermercados e incluso las empresas de transporte, se adapten a la nueva situación.