Uhuru Kenyatta regresa al foco de la sospecha

24/10/2017

Después de escapar de su imputación por crímenes de lesa humanidad y de recuperar la confianza de los líderes mundiales, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, regresa al foco de la sospecha por las irregularidades que motivaron la anulación judicial de su victoria en las elecciones de agosto.

El actual jefe de Estado, hijo de Jomo Kenyatta, artífice de la independencia de Kenia, vivió casi una década de ostracismo por la ola de violencia postelectoral que causó 1.300 muertes en 2007 y que le llevó a ser imputado por el Tribunal Penal Internacional.

Cuando el juicio parecía inminente, la Fiscalía se vio obligada a pedir el archivo de la causa por falta de pruebas, acusando directamente al Gobierno keniano de haber boicoteado la investigación.

Desde el inicio de las diligencias previas, algunos testigos que habían prestado declaración en contra y que debían ratificarla en fase de juicio oral, comenzaron a desaparecer en extrañas circunstancias, mientras que otros optaron por cambiar su relato.

A pesar de las circunstancias en las que se produjo, el archivo reabrió las puertas de las relaciones internacionales a Kenyatta y le devolvió la confianza -y las visitas- de líderes reacios a tenderle la mano, como el expresidente de Estados Unidos Barack Obama.

Uhuru también recibió su particular perdón espiritual con la visita del papa Francisco pocos meses después de la del exjefe de estado norteamericano, que dio el pistoletazo de salida a una carrera de fructíferos encuentros con destacados líderes mundiales y elevó su índice de popularidad entre sus conciudadanos.

Su cielo despejado volvió a llenarse de sombras el pasado 1 de septiembre, cuando el Tribunal Superior de Kenia anuló las elecciones presidenciales del 8 de agosto, en las que resultó reelegido con el 54 % de los votos.

El Tribunal, al que Kenyatta amenazó públicamente por una decisión sin precedentes en África, confirmó las irregularidades en el recuento digital detectadas por la oposición y responsabilizó a la Comisión Electoral, organismo controlado por el Gobierno.

Además, permanece sin esclarecer el violento asesinato del director de Telecomunicaciones de la autoridad electoral, encontrado muerto y con brazo amputado diez días antes de los comicios.

Desde que se hiciera pública la decisión judicial, el país vive un periodo de inestabilidad social y económica que ha devuelto al presidente al centro de la crítica internacional.

Entre ella, un informe publicado la pasada semana conjuntamente por Amnistía Internacional y Human Rights Watch que acusa a la Policía keniana de haber matado a 33 personas durante las protestas postelectorales, reprimidas en muchas ocasiones a disparos.

En contraste con este violento despliegue policial -algo habitual en manifestaciones adversas al Gobierno- ni un solo agente apareció en una tensa concentración ilegal de seguidores de Kenyatta frente al Tribunal Supremo, pocos días después de la anulación de las elecciones.

La violencia social y las intimidaciones políticas sufridas por los jueces les llevaron a reclamar públicamente amparo policial y respeto a la separación de poderes, puesto en duda por el propio presidente del país, quien llegó a decir que la Justicia no podía interferir en las decisiones de los ciudadanos ni del Gobierno.

A pesar de la caótica situación actual, Uhuru sigue contando con el total apoyo de los electores de su influyente tribu (kikuyu) para dar continuidad a una carrera política iniciada en 1997 y que compagina con un éxito empresarial privado que le sitúa entre los 30 personas más ricas de África.

Tras la sorpresiva renuncia del líder de la principal coalición opositora y la mínima representatividad del resto de candidatos, solo le queda buscar un hueco en su agenda para fijar el día de su investidura.