Trump, durante un reciente discurso en la asamblea de la Asociación Nacional del Rifle. / reuters

Trump, un hacker italiano y un fraude por satélite

El expresidente intentó despedir a la cúpula de los fiscales de EE UU por no respaldar sus inconcebibles teorías sobre la existencia de un complot para su derrota en las urnas

CAROLINE CONEJERO

El expresidente Donald Trump abusó del poder presidencial con el fin de utilizar al Departamento de Justicia para que iniciara una investigación federal sobre un supuesto fraude electoral, en su intento de impedir la transferencia de poder al demócrata Joe Biden, ganador de los comicios estadounidenses de noviembre de 2021. Así se desprende de la quinta audiencia pública celebrada por la Comisión que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero y que este jueves (madrugada de hoy en España) se ha centrado en la trama orquestada por Trump para controlar a jueces y fiscales, que supuso incluso la dimisión forzosa del fiscal general Bill Barr el 14 de diciembre de 2020.

En los días y semanas sucesivos, hasta el 20 de enero, cuando Biden fue investido presidente, los jefes del departamento soportaron una fuerte presión por parte del líder republicano y sus aliados. Sin embargo, esta campaña fue rechazada tenazmente por los representantes del Ministerio Público, que se negaron a cruzar la línea que marca la ley. El fiscal general interino Jeffrey Rosen, su adjunto Richard Donoghue y otros fiscales presentaron un frente común de resistencia y desafiaron al expresidente con una amenaza de dimisión en bloque si nombraba a otro fiscal general más adepto a sus intereses de realizar una investigación ilegítima.

En el centro de esta trama figura Jeffrey Clark, un oscuro abogado dedicado a asuntos de medio ambiente, que, en medio de la desesperación del momento, vio su oportunidad para ascender en el escalafón y se dispuso a actuar de 'parche' útil para salvar la situación del presidente derrotado. Armado con peregrinas «teorías de Internet» sobre un supuesto pirateo de las máquinas de votación electoral por medio de termostatos inteligentes, Clark puenteó a sus jefes en el Departamento de Justicia y pidió directamente una entrevista con Trump. A través del jefe de gabinete, Mark Meadows, Clark fue convocado a una reunión con el líder republicano, a quien aseguró que pondría en marcha su deseada investigación federal de fraude electoral si le nombraba fiscal general.

Alarmado por la posibilidad de ser sustituido por un funcionario sin cualidades para el puesto y dispuesto a corromper el sistema de Justicia, el fiscal general interino Jeffrey Rosen convocó a su equipo y pidió una reunión urgente con Trump. Esta tuvo lugar en el Despacho Oval el 3 de enero. Un domingo. Algunos de los asistentes acudieron en ropa de fin de semana. Trump se llevó a varios abogados de la Casa Blanca, como Pat Cipollone, Meadows, Clark y otros de sus aliados.

Rosen y su equipo se plantaron ante Trump y anunciaron una renuncia en bloque de toda la dirección del departamento si nombraba a Clark para dirigirlo; un momento que recuerda a la 'masacre del sábado noche', un episodio del escándalo Watergate durante la presidencia de Nixon, en su intento de interferir sobre la judicatura para que suspendiera al fiscal independiente que le investigaba por corrupción.

Rose y sus adjuntos Donoghue y Engel han testificado ante la Comisión del Congreso sobre aquel tenso forcejeo entre un obstinado presidente y un departamento con una sólida trayectoria en lo que respecta a marcar su independencia de la Casa Blanca. Los tres han relatado las maniobras de los abogados del magnate para intentar demostrar la veracidad de un fraude electoral inexistente, el rechazo de docenas de denuncias y la avalancha de demandas del presidente y sus aliados, que crecían en lo inconcebible según pasaban los días. La realidad pareció desvanecerse cuando Trump exigió confiscar las máquinas de votación asegurando que un hacker italiano las había manipulado a favor de Biden a través de una transmisión por satélite. La investigación sobre un complot así daba de nuevo negativa y el departamento adujo que carecía de autoridad legal para incautar equipo electoral.

El exfiscal adjunto Donoghue le explicó a Trump que el Departamento de Justicia no podía interferir en las elecciones de un Estado: «Si un Estado lleva a cabo elecciones defectuosas, corresponde al propio Estado o al Congreso corregirlas». Pero el presidente quería algo más simple, añadió Donoghue: «Solo digan que las elecciones fueron corruptas y déjenme el resto a mí y a los congresistas republicanos», le ordenó. En esos momentos de absoluta agitación y delirio, el líder republicano intentó incluso una última estrategia para forzar a los fiscales a firmar una carta que admitiera corrupción electoral. Su idea era enviar esta declaración a los republicanos del Congreso para montar un escándalo nacional y poner en entredicho, al menos mediáticamente, la victoria de Biden. Naturalmente, la idea fue rechazada. El propio abogado del presidente, Pat Cipollone, describió esa carta como un «pacto de asesinato-suicidio» que «dañaría a todos los que la tocaran».

Trump respondió entonces a la cúpula del Ministerio Público que lo más simple sería despedirla y hacer un cambio de liderazgo. Sin embargo, se encontró con la oposición de este colectivo. Rosen le indicó que, de llevar a cabo esa decisión, cientos de fiscales federales dimitirían en masa. La advertencia surtió efecto: un gesto de ese calado impediría que Trump pudiera nombrar sustitutos y además llamaría la atención pública sobre sus intentos de manipulación electoral. El presidente saliente por fin desistió de su intento de hacerse con el control del departamento. La reunión terminó avanzada la tarde. Tres días después, cientos de extremistas asaltaron el Capitolio en Washington.

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