Cassidy Hutchinson, de blanco, escucha ante el comité del Congreso el discurso de Trump previo al asalto / afp

Trump, del Capitolio al banquillo

La vicepresidenta de la Comisión del 6 de enero considera que hay suficientes «referencias criminales» para procesar al expresidente por insurrección

M. PÉREZ

La comisión que investiga el asalto al Capitolio de Washington ha encontrado «más de una referencia criminal» por la que el expresidente Donald Trump podría ser procesado bajo el cargo de insurrección. Así lo ha revelado la vicepresidenta del comité, Liz Cheney, en su primera entrevista desde el comienzo de la auditoría pública sobre el turbulento 6 de enero de 2021, cuando una manifestación extremista asaltó la sede del Congreso en un inaudito golpe a la democracia en Estados Unidos. En la cadena de televisión ABC, la congresista republicana anuncia que la comisión todavía no ha tomado una decisión al respecto, pero «es posible» que se formulen cargos penales contra el magnate.

La labor de la comisión ha sufrido una auténtica revolución desde que Cassidy Hutchinson, de 25 años y asistente de Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, declarase el pasado 29 de junio que el propósito de Trump era colocarse al frente de los cientos de radicales que allanaron el Capitolio. La ayudante relató el monumental ataque de cólera que el líder republicano sufrió cuando su servicio de seguridad le llevó de retorno a la Casa Blanca en contra de su voluntad para evitar que se mezclara con los manifestantes, muchos de los cuales portaban armas. Hutchinson, desde un cargo que le confiere el estatus de testigo privilegiada, también aseguró que ella empezó a escuchar el 2 de enero los primeros comentarios del ataque que sucedería cuatro días más tarde, procedentes entre otros de Rudy Giuliani, abogado de Trump, y del propio Meadows, lo que avalaría que el golpe no fue espontáneo.

Aunque antiguos acólitos y miembros de la 'guardia pretoriana' del expresidente han tratado de desmontar estas afirmaciones en los últimos días, la comisión, apoyada en indicios y en testimonios anteriores de políticos y cargos judiciales, considera creíbles los suficientes elementos «criminales» como para poner a Trump al borde de una acusación de sedición.

Cheney considera incluso que el Departamento de Justicia no necesita el resultado de la investigación de los congresistas, sino que podría promover una imputación sólo con el material que ya ha salido a la luz. Entre los presumibles elementos de cargo figura uno digno de la mejor ficción americana: la agresión que el expresidente habría cometido contra uno de sus escoltas para hacerse con el control del vehículo en el que era llevado de vuelta a la Casa Blanca. De probarse, este comportamiento demostraría el grado de enajenación del líder republicano y su firme intención de marchar con los radicales sobre el Capitolio en un intento de evitar la nominación presidencial del demócrata Joe Biden.

Los manifestantes rompen el cordón policial para irrumpir en el Capitolio el 6 de enero / afp

La Comisión del 6 de enero se ha hecho adulta. En el trayecto desde su origen hasta aquí, ha pasado del menosprecio de la mayoría republicana, que la ha dibujado como un órgano político destinado a defenestrar a Trump y ensuciar el nombre del partido a convertirse en una especia de Fiscalía paralela. Se ha ganado el respeto y la credibilidad gracias a desarrollar una investigación caracterizada por el rigor, la calidad de los interrogados y el esfuerzo para no dejar cabos sueltos, y dejar aparte la diatriba política pese a su composición mixta demócratas-republicano.

Sus próximas sesiones prometen. Tras probar el perfil extremista de los asaltantes, la violencia de su ataque, la coordinación para llevarlo a caso –que desmiente que fuera un acto espontáneo cometido por radicales dispersos– y la posible implicación del expresidente, los congresistas tratan ahora de confirmar el origen de la financiación del motín. Están convencidos de que necesitaron grandes cantidades de dinero para movilizar a la turba y que los donantes ayudarán a demostrar quiénes estaban detrás de la trama. Fuentes de la comisión afirman que la declaración de Cassidy Hutchinson ha animado a otras personas a ofrecerse para prestar testimonio en la investigación.

De momento, los resultados ya han puesto en apuros al Departamento de Justicia. Distintos editoriales publicados en las últimas horas consideran muy complicado que la judicatura haga oídos sordos o no inicie una investigación propia con las evidencias recogidas; ni siquiera con la justificación de que un caso penal contra Trump provocaría una fragmentación social y política sin precedentes en la sociedad estadounidense. Una abstracción así implicaría ante los americanos que el presidente está por encima de los tribunales y de sus propias decisiones electorales, en un gesto más próximo al autoritarismo que a la democracia.

Todo ello se produce en un momento en que Estados Unidos aguarda con expectación qué decisión tomará Trump sobre su participación en las elecciones presidenciales de 2024. Algunas fuentes auguran que podría utilizar una fecha tan emblemática como este 4 de julio para anunciar su candidatura, en un intento no solo de reflotar su liderazgo entre amplios sectores del conservadurismo, sino de aprovechar el viaje y dificultar una imputación penal. Por eso, habría decidido no esperar a 2023 y realizar su anuncio antes de que la Comisión del 6 de enero revele sus conclusiones definitivas. Según Liz Chenney, la hipótesis de la candidatura hace más necesaria una intervención judicial. «Un hombre tan peligroso como Donald Trump nunca más puede estar cerca de la Oficina Oval», manifiesta la vicepresidenta de la comisión en la entrevista, convencida de que el Partido Republicano no sobreviviría en caso de situar al expresidente como su nuevo aspirante.