Zelenski trata de emprender una limpieza de presuntos traidores en los servicios secretos y la Fiscalía

Ambos son sospechosos de «alta traición», pero, según aclara la Presidencia ucraniana, no están cesados, sino «apartados de sus cargos» mientras se investiga y esclarece el grado de implicación en el delito de colaboración con el enemigo que presuntamente habrían cometido. Venedíktova fue ya sustituida el domingo al frente de la Fiscalía General por Oleksiy Simonenko.

Zelenski dejó en suspenso el cargo de Bakánov «de conformidad con el artículo 47 de la Carta Disciplinaria de las Fuerzas Armadas de Ucrania», que se refiere al «incumplimiento de los deberes de servicio que causaron bajas humanas, otras consecuencias graves o crearon la amenaza de tales consecuencias». En cuanto a Venedíktova, fue apartada sobre la base de una norma incluida en la Ley Marcial declarada en mayo, que deja las manos libre al jefe del Estado para suspender a un funcionario cuyo nombramiento o destitución esté dentro de su autoridad. El presidente nombra al fiscal general por decreto con el consentimiento del Parlamento.

Sin embargo, el Departamento Jurídico de la Rada Suprema (Parlamento unicameral de Ucrania) sostiene en un informe que la Constitución no faculta a Zelenski para decidir sobre la destitución de los funcionarios a su cargo. Según Oleksandr Marusyak, experto en Derecho Constitucional citado por la web ucraniana Liga.net, «ni la Constitución ni la ley pertinente sobre la Fiscalía prevén la posibilidad de que el presidente destituya al fiscal general». No obstante, añadió el jurista, «el presidente, sin el consentimiento de la Rada Suprema, reemplazó al fiscal general, asignando sus funciones a otro sin especificar ningún periodo de tiempo concreto».

Por su parte, el miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Rada, Fyodor Venislavsky considera que los decretos de Zelenski son legalmente correctos. A su juicio, «bajo la Ley Marcial, las decisiones deben tomarse con prontitud, a veces no hay tiempo para consensuar cada uno de los pasos procesales».

Zelenski argumentó el domingo tras firmar los decretos que las «rotaciones» acometidas en el SBU y la Fiscalía General están motivadas por la presencia de «un gran número de traidores». Se da la circunstancia de que los actuales ceses estuvieron precedidos de la detención de Oleg Kulínich, que había venido ocupando hasta marzo el departamento del SBU dedicado a Crimea, oficina que tuvo que trasladarse a Jersón tras la anexión de la península por Rusia. Para ilustrar sus temores, el presidente ucraniano se refirió precisamente a Kulínich, a quien los investigadores acusan de pasar información a Rusia clasificada como «secreto de Estado».

Zelenski también recordó sus decisiones con respecto a varios responsables regionales de los servicios secretos y citó la destitución, el pasado 31 de marzo, del jefe del SBU en Jersón, Serhiy Krivoruchko. «Ahora no tengo tiempo para dedicarme a los traidores. Pero poco a poco serán todos castigados», afirmó entonces Zelenski.

Según Liga.net, el 25 de marzo, el alcalde de Jersón, Igor Kolyjáev, reconoció que algunos de los concejales del Ayuntamiento huyeron de la ciudad antes de ser ocupada por las fuerzas rusas. Y el 24 de febrero, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó la invasión de Ucrania, los empleados locales de la Fiscalía, la Policía y el SBU ya se habían ido de Jersón.

El 24 de junio, la web del medio estadounidense Politico adelantaba que Zelenski quería destituir a Bakánov, amigo suyo desde la infancia, porque fue quien nombró a Kulínich y no actuó adecuadamente contra los «traidores» que permitieron a las tropas rusas avanzar rápidamente desde Crimea y ocupar toda la región de Jersón en los primeros días de la guerra. Resulta que, según sospechan en la Presidente ucraniana, Kulínich ordenó desmantelar los campos de minas junto a la frontera con Crimea facilitando así los movimientos de las fuerzas rusas. Según Zelenski, «este individuo fue destituido por mí al comienzo de la invasión y, como podemos ver, esa decisión estuvo absolutamente justificada. Hemos reunido suficientes pruebas para poderle notificar que es sospechoso de traición a la Patria».

A finales de mayo, también fue cesado el jefe del departamento del SBU de Járkov, Román Dudin. «No trabajó para proteger la ciudad desde los primeros días de una guerra a gran escala, sino que solo pensó en sí mismo. Los agentes de la ley desvelarán sus motivos», aseguró Zelenski. Según sus palabras, «se han abierto también 651 procesos penales relativos a traición y colaboracionismo de empleados de la oficina del fiscal, de órganos de instrucción previa al juicio y de otros estamentos obligados a aplicar la ley».

El máximo dirigente ucraniano alerto además de que «más de 60 funcionarios de la oficina del fiscal y del SBU permanecieron en territorio ocupado y han estado trabajando contra nuestro Estado». «Tal conjunto de crímenes contra los cimientos de la seguridad nacional y los vínculos detectados entre los empleados de las fuerzas de seguridad de Ucrania y los servicios especiales de Rusia plantean preguntas muy serias para los correspondientes dirigentes. Cada una de estas preguntas recibirá una adecuada respuesta», advirtió Zelenski el domingo.

Otro extraño caso, aparentemente relacionado con un asunto también de colaboracionismo, fue el del banquero ucraniano, Denís Kireev, muerto a tiros a principios de marzo mientras se encontraba bajo custodia. Era miembro de la delegación ucraniana en las fallidas conversaciones con Rusia para detener la guerra y fue acusado de ser un «agente doble». A nivel oficial se aseguró que Kireev trató de huir, desoyó las llamadas a deponer su actitud y fue abatido.