Gran protesta en Londres contra la extradición de Assange

La esposa de Assange, Estella Moris, distinguida abogada en casos de derechos humanos, ha afirmado que «Julian se enfrenta a una posible sentencia de 175 años en Estados Unidos por su trabajo de periodista». Lo explicó con estas palabras: «Por recibir información de una fuente y publicarla, y era de interés público. Era sobre crímenes de guerra en Irak y Afganistán, y reveló la muerte de decenas de miles de civiles, que no se habían reconocido antes».

Junto al evento en Londres, manifestantes y personalidades que rechazan el encarcelamiento y posible extradición se congregaron en Melbourne y en Washington. El nuevo primer ministro de Australia, el laborista Anthony Albanese, ha rehusado expresar su apoyo a las peticiones de los defensores del periodista australiano. En la capital de EE UU se reunieron frente al Ministerio de Justicia.

La Administración de Joe Biden no ha seguido la política de Barack Obama, que retiró la petición sobre Assange e indultó a su fuente, Chelsea Manning, que transmitió a Wikileaks documentos que obtuvo en las bases de datos del Ministerio de Defensa cuando trabajaba como experto en Inteligencia para el Ejército. La Administración actual ha hecho posible la decisión de los jueces británicos y del Gobierno de Boris Johnson de extraditarlo.

La juez británica que vio la primera sentencia rechazó la extradición, en enero de 2021, por el riesgo de que Assange se quitase la vida si era extraditado y encarcelado en un régimen especial de aislamiento. Ese carácter 'opresivo' de la demanda fue avalado por médicos y psiquiatras que atestiguaron los problemas de salud mental que padece el detenido tras años de aislamiento y cárcel.

El australiano se refugió en 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, cuando el Tribunal Supremo iba a rechazar su apelación contra la decisión de extraditarle a Suecia, para que respondiese a la investigación de dos denuncias de violación por simpatizantes del patrón de Wikileaks. Habrían consentido relaciones sexuales con las condición de que usara un preservativo, que el denunciado se quitó.

Por ser ese acto también un delito de violación en la ley de Inglaterra y Gales, los tribunales de Londres que vieron el caso decidieron en favor del envío a Suecia, en el marco legal de la Orden Europea de Detención. Assange pasó siete años en el recinto diplomático ecuatoriano, hasta que un cambio de Gobierno en Quito puso fin al asilo, permitiendo a la Policía británica, en 2019, entrar para detenerlo. Fue encarcelado en el presidio de Belmarsh, donde aún permanece.

El Ministerio de Justicia estadounidense activó entonces su demanda de extradición, alegando quince delitos de espionaje y otro de manipulación ilegal de ordenadores. Los de espionaje se basan en la publicación de documentos confidenciales y el otro en la acusación de que Assange habría asesorado a Manning para entrar en las bases de datos sin dejar huellas digitales que lo identificasen.

Tras el rechazo de la extradición en primera estancia, Washington recurrió al Tribunal de Apelación, al que aseguró que no le serían aplicadas medidas especiales de encarcelamiento, si es enviado. La corte aceptó la garantía y la extradición, y dio permiso a los abogados del perseguido para recurrir al Supremo. El más alto tribunal no vio en la apelación un argumento legal digno de ser escuchado.

Tras esa sentencia negativa, el caso regresó a la primera instancia, que certificó la extradición y transfirió la decisión a la entonces ministra de Interior, Priti Patel, que dio el visto bueno. La defensa de Assange ha presentado un recurso al Tribunal de Apelación contra la decisión de Patel y la demanda de Estados Unidos, en el que busca la anulación de las otras consideraciones de la juez de primera instancia que, salvo la 'opresión', daban por buena la extradición. En caso de rechazo del recurso, pedirá ser oído por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.