Asistentes a la marcha en Washington. / Reuters

La policía frustra la marcha en favor de los asaltantes al Capitolio

Apenas unos cientos de manifestantes y radicales protestaron en un Washington blindado tras surtir efecto los mensajes contra la movilización

C. CONEJERO / M. PÉREZ Nueva York

Con una valla de refuerzo levantada alrededor del Capitolio, una hilera de camiones-volquete instalados como barricada y la Policía del distrito en alerta máxima, el nerviosismo se cernía este sábado sobre Washington DC ante la primera manifestación organizada en este mismo lugar tras el asalto al Congreso del pasado 6 de enero; un allanamiento que todavía traumatiza a la sociedad estadounidense. El motivo, además, invitaba a la inquietud. La protesta tenía como finalidad apoyar a los 650 individuos acusados de tomar parte en aquel ataque con la intención de frustrar la certificación presidencial de Joe Biden.

La cita, aparte de agitar los fantasmas de una agresión inédita contra la democracia estadounidense, contenía otras lecturas. La primera, política, consistía en conocer el grado de apoyo al expresidente Donald Trump y el ala más dura de los conservadores. La segunda, alarmante, tomar la temperatura de los grupos de extrema derecha –considerados «terrorismo interno» por el presidente Biden– y su poder de convocatoria 8 meses y 650 investigaciones después del 6 de enero.

Las aguas no llegaron al río. La ultraderecha 'pinchó' y sólo logró concentrar a un reducido grupo de afines, estrechamente vigilados por las fuerzas de seguridad para evitar desórdenes. La organización había pedido autorización para reunir a 700 personas, pero incluso esta cifra se quedó demasiado grande para los asistentes finalmente concentrados. Nada que ver con los miles que cruzaron en invierno este parque e irrumpieron por la fuerza en el Congreso. Sólo ocurrió un incidente con la detención de un individuo que portaba un cuchillo al costado. Durante la tarde hubo pequeños incidentes entre grupos de ideología opuesta.

En un cambio de guión, numerosos políticos republicanos y colectivos favorables al expresidente Donald Trump se habían ido distanciando de la protesta en los últimos dias. La derecha moderada pidió insistentemente que nadie asistiera. Y varios grupos divulgaron rumores de que todo era una «trampa» orquestada por el propio Gobierno, lo cual, más allá de alimentar teorías conspiranoicas, desincentivó la asistencia. Los mensajes se dividían entre quienes consideraban que la Casa Blanca quería atraer a insurgentes para detenerlos y los que advertían de la posible infiltración de miembros de la izquierda para causar disturbios. En otro sentido más terrenal, el senador republicano Lindsey Graham simplemente pidió a la Policía que adoptara una «línea firme» delante del Capitolio y «golpeara» a quienes se salieran de ella.

Washington no estaba dispuesta a dejarse sorprender por una turba. Esta vez se preparó a fondo con una operación de seguridad que no pudo implementar en enero. La Policía del Capitolio no se arriesgó sola y cientos de oficiales de otras ciudades y miembros de la Guardia Nacional fueron movilizados en un esfuerzo por prevenir cualquier asalto. El extenso despliegue de fuerzas de alta seguridad no dejaba lugar a bromas. También se instalaron cámaras de vigilancia, barricadas y un dispositivo formado por unidades especiales que patrullaron puntos estratégicos como Union Station. Las actividades familiares en los parques cercanos fueron canceladas y apenas pudo verse algún turista en las inmediaciones del Capitolio.

Son «presos políticos»

La protesta, etiquetada con el nombre 'Justicia para J6', no tuvo la épica que esperaban sus organizadores. Decenas de manifestantes deambulaban por las calles rodeados de agentes y contando a quien quisiera escucharles erráticos discursos anti-sistema. «Se trata de justicia y trato desigual», aseveraba desde la tribuna el máximo organizador del acto, Matt Braynard, partidario de las falsas afirmaciones de Trump de que su derrota fue el resultado de un fraude generalizado en las elecciones.

Braynard es un tipo curioso. Analista del Partido Republicano, el equipo de campaña de Trump le despidió. Luego fundó una consultora que fracasó. Lo mismo le sucedió con una ONG. Solo su posterior finura a la hora de defender las teorías del expresidente y un «trato justo» para los asaltantes del Congreso ante las audiencias oportunas le ha permitido sacar la cabeza en las turbulentas aguas políticas de Estados Unidos gracias a su nueva plataforma, Looking Ahead America. El ala dura conservadora estaba pendiente de su capacidad de movilización ayer para decidir si merece la pena respaldarle.

'Queremos a Trump'. Con esta cartulina se plantó ante la verja del Capitolio Tony Smith, un hombre de 40 años de Maryland que acudió a la marcha para pedir un «juicio justo» a los acusados, considerados por este movimiento como «presos políticos». «Si no honramos eso, no honramos a Estados Unidos», dijo Smith. En otro punto de la explanada, Eugene Sibick, de 63 años y procedente de Buffalo, explicaba al 'Washington Post' que su hijo es uno de los encausados.

Al parecer, allanó el Congreso y le quitó la radio a un policía aprovechando que varios alborotadores le estaban dando una paliza. Luego la enterró en el jardín de su casa. Según Sibick, la acusación contra su hijo es «una vergüenza para este país». «Hubo cosas que sucedieron el verano pasado en Seattle y Portland que fueron más atroces que lo que sucedió aquí, y a esa gente la dejaron salir», dijo sobre las marchas antirracistas posteriores a la muerte por asfixia durante su detención del afroamericano George Floyd.

La protesta fue en realidad parte de los esfuerzos de la derecha pro-Trump y el Partido Republicano de reescribir la narrativa del asalto al Capitolio y continuar la llamada «gran mentira» de que las elecciones de 2020 fueron robadas. Más previsor, el tristemente conocido movimiento ultra Proud Boys, que en enero atacó el Capitolio sin piedad, había pedido a sus miembros que ayer se quedaran en casa.