La Fiscalía de Honduras ordena detener al expresidente Orlando tras su indulto por Trump

La orden representa un desafío al presidente estadounidense, que dejó libre a Orlando Hernández después de que «muchos amigos» intercedieran a favor de su indulto y de que él mismo recibiera en la Casa Blanca una carta del condenado declarándose víctima de una «persecución política» del anterior Gobierno de Joe Biden. Trump firmó el indulto el 1 de diciembre y hace unos días el exmandatario hondureño dejó la prisión federal de Virginia Occidental donde habia comenzado a cumplir 25 años de condena. Un tribunal neoyorquino le había impuesto esa pena después de considerarle un personaje clave en una de las «mayores» tramas de narcotráfico internacional y de situarle detrás de operaciones que lograron introducir casi 500.000 kilos de cocaína en Estados Unidos.

A Orlando se le busca ahora por cargos de lavado de dinero y fraude relacionado con su primera campaña presidencial en 2014. Se trata del denominado 'caso Pandora', consistente en el desvío de dinero público entre 2010 y 2013 a sociedades que luego destinaron esos fondos a sufragar carreras políticas, entre ellas la propia campaña electoral del expresidente, que más tarde estuvo al frente del país centroamericano entre 2014 y 2022. Por esta investigación, el líder conservador tiene un proceso abierto en la Corte Suprema hondureña desde septiembre de 2023, que presumiblemente quedó aplazado a causa de su detención y enjuiciamiento en EE UU por narcotráfico.

La orden de captura se produce justo cuando se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre). Zelaya nombra esta circunstancia en su mensaje, donde incluye una recomendación de un magistrado del Tribunal Supremo de detener a Juan Orlando en caso de que fuera indultado por Trump. La orden ya ha sido cursada a Interpol.

De momento, el paradero del exmandatario y antiguo líder del conservador Partido Nacional es desconocido. Ni siquiera él mismo desveló si regresaría a su país tras salir de prisión. La mayoría de los hondureños rechazan su presencia debido a los escándalos de corrupción política ocurridos durante sus mandatos. Por cierto, el segundo de ellos se considera ilegal por muchos expertos ya que la Constitución le prohibía presentarse a la reelección. Su hermano, exmiembro del Parlamento, fue detenido en 2018 en EE UU y condenado un año más tarde por tráfico de drogas.

Ana García de Hernández, la mujer del exdirigente, declaró la semana pasada que consideraba «muy peligroso volver en estas condiciones» a Honduras tras acusar a la actual mandataria en funciones, Xiomara Castro, de difundir un «discurso del odio». García de Hernández apostó porque ella y su marido se quedaran en Estados Unidos, aunque la Fiscalía ha anunciado que, si Juan Orlando se encuentra en ese país, pedirá su inmediata extradición.

La cuestión puede abrir una crisis entre Washington y Tegucigalpa en el peor momento posible para los intereses de la Casa Blanca. Según ha informado la Comisión Electoral, el candidato de Trump, Nasry Asfura, sucesor de Juan Orlando en el Partido Nacional, aventaja por unos 43.000 votos al aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en las elecciones a la presidencia de Honduras. Los comicios se celebraron el 30 de noviembre, pero este martes aún quedaba un 1% de papeletas por escrutar debido a constantes «fallos técnicos». La tercera opción en discordia, Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre –el de Xiomara Castro, que dejará el cargo el 27 de enero–, ha quedado alejada de cualquier opción de triunfo.

Las acusaciones de fraude electoral están muy vivas. Pero si Asfura gana la presidencia, Trump deberá lidiar con su apadrinado en el caso probable de que la Fiscalia pida extraditar a Orlando.

Todavía resulta una incógnita por qué el líder republicano indultó al reo en abierta contradicción con su reciente declaración de guerra contra el narcotráfico latinoamericano. Toda su argumentación se basa en la influencia de destacados representantes de la derecha y en su convicción –real o impostada– de que el encarcelamiento del hondureño fue un «montaje de Biden».

La curiosidad llega hasta el límite: uno de sus abogados penalistas, Emil Bove III, al que ha nombrado alto cargo del Departamento de Justicia, dirigió entre 2015 y 2021 las investigaciones sobre los envíos de cocaína desde Honduras a EE UU mientras ejercía como un severo fiscal en Manhattan. Bove, firme aliado de Trump, leyó el alegato que condujo al hermano del expresidente hondureño a prisión en 2019 y dejó el camino llano para que éste le siguiera los pasos cinco años más tarde.