El presidente de Chile, Gabriel Boric (c), recibe un ejemplar de la nueva Constitución, que será votada en referéndum el 4 de septiembre / afp

La Convención de Chile entrega la nueva Constitución

Será sometida a referéndum en septiembre y, entre otras medidas, contempla la desaparición del Senado. Las encuestas indican un bajo respaldo al documento

IÑIGO FERNÁNDEZ DE LUCIO

La Convención Constitucional de Chile, surgida al calor de las protestas que convulsionaron el país en octubre de 2019, ha puesto este lunes punto y final a su trabajo, que ha durado un año. En una ceremonia celebrada en el Palacio Pereira de la capital, Santiago, el órgano ha entregado el texto definitivo al presidente, Gabriel Boric, que deberá convocar formalmente el referéndum para aprobar o no la nueva Carta Magna, el próximo 4 de septiembre. Boric, que ganó las elecciones de diciembre del año pasado, llegó al poder con la promesa de culminar el proceso de reforma.

El documento aspira a sustituir a la actual Constitución, que data de 1980 y fue redactada en plena dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, el proceso que se inició como un punto de inflexión y de ruptura con el pasado ha perdido gas con el paso de los meses. Actualmente, según las encuestas, el texto no lograría el suficiente respaldo de la ciudadanía. Un sondeo de Plaza Pública Candem indica que el 51% de los chilenos está hoy por hoy en el 'no', mientras que solamente el 34% la apoyaría. El resto son indecisos y quienes afirman que no votarán, pese a que la consulta será de carácter obligatorio, a diferencia de cualquier otro proceso electoral -el voto es voluntario en Chile-.

Entre los principales cambios que propone el flamante texto –que consta de 388 normas repartidas en once capítulos– aparece la supresión del Senado y crear dos Cámaras de poder «asimétrico»: un Congreso de Diputados y Diputadas para la formación de leyes y una Cámara de las Regiones acotada a las leyes «de acuerdo regional».Otros puntos novedosos son la apuesta por un «Estado social de derecho», la «descentralización del país» o el reconocimiento de Chile como «un Estado plurinacional e Intercultural», reconociendo 11 pueblos y naciones. Un cambio sustancial, teniendo en cuenta que la actual Constitución no menciona a los pueblos indígenas. El texto también habla de «democracia paritaria».

«Hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos: que en el momento de la crisis más profunda política, institucional y social que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos», ha indicado Boric tras recibir un ejemplar del texto.

División

Todo comenzó en Santiago en octubre de 2019. Lo que en un principio era una protesta por el alza del precio del transporte en tren derivó en una oleada de protestas, algunas de carácter violento, en las que participaron más de 1 millón de ciudadanos. El estallido social exigía especialmente la puesta en marcha de reformas sociales. Las manifestaciones culminarían con la aprobación de un referéndum sobre la necesidad de redactar una nueva Constitución, tras un acuerdo político en el seno del Congreso. Así, desde el 4 de julio de 2021, la Convención Constitucional, formada por 155 personas –78 hombres y 77 mujeres-, ha trabajado para dar forma al texto. Este lunes han culminado su trabajo.

En términos generales, la iniciativa la rechaza la derecha política y y una parte de los sectores de centroizquierda -ligados sobre todo a la Concertación que gobernó Chile entre 1990 y 2010- que consideran que la propuesta representa una amenaza para la democracia. Por el 'sí' se sitúan el oficialismo del presidente y quienes lo apoyan. Grupos de izquierda y de jóvenes, sobre todo, también se muestran a favor del texto.

Entre las cuestiones más importantes a dirimir figuran los derechos humanos, la verdad histórica del país, unas bases para la justicia, reparación integral y garantías de que el pasado no se vuelva a repetir. No obstante, parece que la ilusión inicial ha tornado más bien en apatía. El propio Boric se ha mostrado preocupado en más de una ocasión por la desafección ciudadana en torno a este proceso, con el que Chile aspira a cerrar la etapa dictatorial, que tuvo lugar entre 1974 y 1990, de forma definitiva.

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