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dagoberto escorcia
Sábado, 4 de diciembre 2021, 23:48
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Chile vive días convulsos en este final de 2021. En pleno proceso hacia un cambio único y ejemplar con la redacción de una nueva Constitución, que busca enterrar la todavía vigente, la que dio cobertura a la dictadura de Augusto Pinochet, una campaña electoral absolutamente polarizada altera su pulso político y ciudadano. El país vive absolutamente dividido un período preelectoral que desembocará en los comicios que el próximo 19 de diciembre elegirán un nuevo presidente entre el candidato José Antonio Kast, que abraza a toda la derecha (incluso la ultraderecha) y al conservadurismo en general, y Gabriel Boric, que enamora a los votantes de izquierda.
Si las últimas encuestas aciertan y el vencedor es Gabriel Boric, todo Chile sabe que la nueva Constitución seguirá el desarrollo progresista que ya había iniciado antes de que estallara la pandemia. La duda está en qué pasará si el nuevo presidente es José Antonio Kast, hijo de un exsoldado nazi y hermano de un exministro de Pinochet, un tipo más próximo a ideas del pasado y que aúno no se ha pronunciado sobre si mantendrá o no el proceso de reforma de la Carta Magna. «El camino se muestra lleno de baches, pero los lápices y los puños están ávidos de plasmar el anhelado derecho a vivir con mayor dignidad», comenta un ciudadano chileno que prefiere el anonimato.
El país lleva años intentando sepultar el apellido del progenitor de la Constitución que ha regido los destinos ciudadanos desde 1980. Muchas reformas se han producido sobre la misma, pero el sello de la dictadura de Augusto Pinochet ha sido imposible de borrar. Aquello de que el tiempo lo cura todo, no se ha cumplido aquí. La democracia, en un país cuya cultura política es considerada muy elevada, ha vivido desde 1990 sobre unos estatutos ideados para sembrar el miedo en el pueblo, cortar la libertad y secuestrar los derechos humanos. Y bien que fue utilizada para ello durante la larga dictadura.
La recuperación de la democracia logró derogar el artículo en el que el pluralismo político estaba prohibido para algunas ideologías. Unos años más tarde (2005) se puso fin a uno de los privilegios que tenían las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema como era el de designar a dedo algunos senadores.
Contagiado seguramente por los cismas políticos que están experimentando la mayoría de países latinos y centroamericanos, Chile también tuvo su octubre revuelto -y violento- hace dos años, cuando 1,2 millones de personas salieron a la calle y colapsaron el centro de Santiago en la que se considera la protesta más grande que ha vivido este país en su historia reciente.
Las manifestaciones y las marchas estudiantiles comenzaron a emerger en el año 2006 y todavía hoy encuentran eco entre la población. «Santiago no es Chile» es el clamor que arremete directamente contra el centralismo del Gobierno del país y las desigualdades que viven otras ciudades y regiones, que algunos comparan con las que se registraban en la época del dictador.
El estallido social de 2019 exigía especialmente la puesta en marcha de reformas sociales. Las manifestaciones culminarían con la aprobación de un referéndum tras un acuerdo político en el seno del Congreso. Síntomas propios de una enfermedad mayor, que derivó ineludiblemente en una consulta sobre la necesidad de redactar una nueva Constitución.
El plebiscito pedía la aprobación o rechazo al inicio de ese proceso constituyente. El triunfo fue abrumador. Un 78% de la población dijo 'sí' a la nueva Carta Magna. Se aprobó también que la redacción fuera escrita por un grupo de ciudadanos elegidos por el pueblo, por un colectivo en el que no hubiera ni un solo político de carrera.
Y así, desde el pasado 4 de julio, la Convención Constitucional está formada por 155 personas, 78 hombres y 77 mujeres, que han convertido a este ente en el primer organismo paritario, único en el mundo, que preside una mujer, Elisa Loncón, mapuche, académica y activista de las lenguas originarias, a la cual la revista 'Time' concedió el honor de incluir entre las 100 personas más influyentes en el mundo.
En la Convención, además, no se aceptó la participación de autoridades del Estado y se rechazó también la presencia de cualquier persona perteneciente al Gobierno, incluido el actual presidente, Sebastián Piñera. El concepto principal es romper con el pasado y el poder establecido.
El pasado 18 de octubre comenzó la elaboración de la nueva Carta Magna después de tres sesiones de debate en las que se aprobó el reglamento de funcionamiento, la composición de las mesas y las comisiones de los distintos temas a tratar. Entre las cuestiones más importantes a dirimir figuran los derechos humanos, la verdad histórica del país, unas bases para la justicia, reparación integral y garantías de que el pasado no se vuelva a repetir. Muy pocos quieren volver a pasar por lo mismo, revivir la dictadura que sepultó el país durante 16 años, entre 1974 y 1990.
155 personas, 78 hombres y 77 mujeres, forman parte de la Convención que debe pactar la nueva Constitución de Chile. Los trabajos comenzaron el pasado mes de julio y están cuestionados por los partidos de la derecha, especialmente por el candidato José Antonio Kast, que ganó la primera vuelta de los comicios.
Sin políticos ni autoridades del Estado Tras el referéndum que aprobó mayoritariamente la redacción de la nueva Constitución, se decidió que el concepto principal es romper con el pasado y el poder establecido.
La Convención ha realizado hasta el momento un recorrido intenso por todo Chile para recoger ideas y dialogar con los diferentes territorios. Ha visitado sitios desprestigiados y marginales. La primera sesión del organismo se celebró en la cárcel de mujeres de San Joaquín, en la capital Santiago, porque la pretensión es no excluir a ninguna persona, ejecutar un proceso amplio e inclusivo, en el que alguno de los miembros ha llegado a proponer que los presos y presas puedan votar. La frase pronunciada por la directora de la cárcel durante la visita del Papa Francisco hace tres años volvió a sentirse en todo este proceso: «En Chile se encarcela la pobreza», había dicho ante la máxima autoridad católica del mundo.
En la construcción del sueño maravilloso, que casi abraza la utopía, de convertir Chile en una sociedad más plural, en el que esté representada toda la sociedad, que acepte algunas de las demandas más sentidas por los pueblos originarios, la Convención Constitucional ha encontrado opositores de la derecha que la atacan permanentemente y que claramente no habrían hecho el referéndum. Que darían un «no» mayúsculo a la nueva Carta Magna. La acusan de perder tiempo en asuntos que escapan al papel asignado y dicen que se identifica claramente con la izquierda.
Las encuestas registran un bajón no solo del optimismo que despertaba el proceso de la Convención, sino también del interés en el mismo, especialmente después del triunfo de José Antonio Kast en la primera vuelta de las elecciones. Pese a ello son mayoría los ciudadanos, voces autorizadas, catedráticos, abogados que, a través de la web de la Convención en transmisiones en directo, exponen sus ideas y denuncian la violencia que viven las zonas más afectadas por la desigualdad, sobre todo en la Araucanía, región a la que escucha atentamente la Comisión de Derechos de los pueblos indígenas y de la plurinacionalidad, y que hoy en día vive militarizada.
Ingrid Conejeros se define en su perfil de twitter como una mujer mapuche, educadora, dirigente social, tejedora y candidata a diputada por el distrito 22. El 13 de octubre colgó este tuit: «¡12 de octubre nada que celebrar! Menos cuando Piñera nos envía más militarización y violencia en Wallmapu. Los niños mapuche llevan años sabiendo de allanamientos, cárcel y muerte. El problema es político y se debe solucionar con diálogo, pero la respuesta del gobierno son balas».
Este periódico pudo contactar con Ingrid Conejeros para hablar del proceso de la Convención Constitucional: «Desde que se inicia el proceso, algunos sectores mapuches hemos decidido participar en él. Pretendemos que pueda aceptar las demandas históricas de nuestro pueblo que tienen que ver con la libre determinación y con la autonomía. La plurinacionalidad puede ser un camino, pero no es la meta. Y desde esos mayores niveles de autonomía lograr garantizar los derechos de los pueblos originarios en lo referido a la salud, la educación propia, los mecanismos de regulación en tanto a leyes propias y formas de vida distintas, también que se revalorice y levante la cultura mapuche».
Con respecto a esto último, la activista subraya la necesidad de afrontar «la revitalización de nuestra lengua. Los pueblos originarios hemos sido fuertemente golpeados por la colonización y hay un anhelo muy importante de que se avance en la restitución territorial. Esto tiene que ver con los procesos que se iniciaron con la vuelta de la democracia después de la dictadura de Pinochet y que cristalizaron en la devolución de algunos territorios a aquellas comunidades que habían podido acreditar la pérdida de los mismos».
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