Zerolo, imputado también por cohecho en el 'caso de las Teresitas'

13/02/2009

Miguel Zerolo acudió ayer a declarar por un presunto delito cohecho ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Carla Bellini. Así, ya son tres los cargos a los que se enfrenta el alcalde de Santa Cruz de Tenerife por el caso Las Teresitas: cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Miguel Zerolo llegó a la sede del Tribunal Superior de Justicia en Las Palmas de Gran Canaria a las 9.30 horas acompañado de su nuevo abogado, José Manuel Niederleytner, en vez de Francisco Medina y Fernández Aceituno. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife acudió por segunda vez a declarar ante Bellini por un presunto delito de cohecho, imputación que se mantiene tras cuatro horas de declaración.

Bellini no quiso hacer declaraciones porque la instrucción del caso Las Teresitas se encuentra bajo secreto de sumario pero sí explicó que la anterior declaración de Zerolo en abril 2007 se refería a los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y la de ayer al presunto cohecho, delito por el que está imputado desde hace un año.

A las 13.20 horas, el también diputado regional de CC abandonó el TSJC algo desorientado y sin querer hacer declaraciones. Únicamente acertó a decir que se encontraba «muy tranquilo» tras su comparecencia ante la jueza Bellini y la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés.

En total son 16 los imputados por el caso Las Teresitas. Además de Zerolo, el segundo teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo; el ex tesorero del Ayuntamiento, Antonio Messia; el ex gerente de Urbanismo, José Tomás Martín; el secretario delegado de la gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes; el interventor delegado de la Gerencia, José Luis Roca Gironés; el ex concejal del PSC en Santa Cruz de Tenerife, Emilio Fresco; el ex concejal del PP, José Emilio García Gómez; y el ex secretario del Ayuntamiento, José Eugenio de Zárate Pedraza de Ayala. Todos ellos por prevaricación. Además, el empresario y presidente de la Federación Provincial de la Construcción, Antonio Plasencia y el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González están acusados de un delito de malversación de caudales públicos.

Meses después de esta primeras imputaciones se sumó a la lista el que está considerado supuesto testaferro de Ignacio González, Felipe Armas, a quien siguó en junio de 2008 otras tres personas, imputadas de un presunto delito de apropiación indebida: el presidente de la Junta de Compensación de Las Teresitas, Jerónimo Delgado, así como el tesorero y secretario de dicha junta, Clemente Martín y Álvaro Fernaud, respectivamente. También se imputó al abogado Mauricio Hayek el mismo delito. Hayek ha sido el único de los acusados que ha pasado por el calabozo.

La investigación judicial se centra en la operación de compraventa de los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas que costaron a las arcas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 52,6 millones de euros en el año 2001, dinero que fue a parar a los bolsillos de González y Plasencia, accionistas de la empresa Inversiones Las Teresitas SL.

En su informe inicial, la fiscal llama la atención sobre la supuesta negligencia del Consistorio en la adquisición de estos terrenos al no tenerse en cuenta la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre que existía desde el año 1961 y que ya afectaba a más de 9.076 metros cuadrados de los 109.420 adquiridos. Además advirtió que no se tuvo en cuenta la única peritación legal, la de la arquitecta municipal.

Búsqueda del dinero.

El Tribunal Superior de Justicia lleva dos años investigando el caso Las Teresitas. Además de analizar las presuntas irregularidades en la compra venta del frente de la playa santacrucera también analiza las propiedades patrimoniales de los imputados y las posibles desviaciones de fondos a paraísos fiscales extranjeros o compras de décimos de lotería.

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