Una lucha de poderes ocultos 23 años sin gas

En España mandan, además del poder político, tres grandes patronales: la banca, la energía y las farmacias. Sin su mediación es difícil alcanzar el consenso. Por eso, cuando el Parlamento regional aprobó, hace 23 años, el ciclo combinado (gas y fuel-oil) en las centrales eléctricas, hiló fino para no alterar el equilibrio de intereses que en ese entonces mantenían Endesa y Cepsa. Así, marcada por la lucha de poderes en la sombra, comienza la génesis de uno de los mayores fracasos energéticos de las Islas que todavía hoy sigue estancado.

Y paradojas del destino, ha tenido que ganar con holgura el PP de Mariano Rajoy para que el gas recupere el espacio perdido. El alcalde capitalino, Juan José Cardona, ha desempolvado un expediente que se movía con sigilo. Por ejemplo, pocos conocían que en octubre se vendió a Enagás el 42% del capital canario en Gascan, la compañía constituida para desarrollar el gas en 1999, el mismo año que el Gobierno canario y el Ministerio de Industria fimaron el convenio que garantizaba la subvención europea (55 millones) para construir dos plantas regasificadoras en Gran Canaria y Tenerife.

Pocos conocían también que en mayo de 2012 expira la declaración de impacto ambiental para Granadilla. O que el Gobierno regional se queda sin margen ante el gabinete en funciones de Zapatero, para que la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, firme el informe positivo de la regasificadora en Arinaga sin que nadie explique por qué lleva siete años escondido en un cajón.

En realidad, la ministra Aguilar no firma porque su compañero Miguel Sebastián (de Industria) no ha cifrado la retribución que el Estado paga por los sobrecostes que supone producir energía en Canarias (unos 700 millones). Además, el sistema isleño arrastra un déficit eléctrico tarifario de 1.100 millones, del que es acreedora Endesa. Según el gabinete de Paulino Rivero, las plantas de gas reportarían un ahorro de 300 millones, pero, hoy por hoy, es teoría. La traslación a la práctica corresponderá al PP. Los guiños del vicepresidente, José Miguel Pérez, y de la consejera de Industria, Margarita Ramos, con sus compañeros socialistas en Madrid resultan baldíos; la responsabilidad será para el nuevo Gobierno. Suma y sigue y de nuevo se suscitará la duda sobre el futuro del gas en las dos islas.

En primer lugar, el Ministerio escuchará a las partes implicadas, desde el Gobierno canario (que posee el 12% en Gascan) hasta el Cabildo de grancanario (ahora gobernado por el PP), que tiene las facultades para impulsar el interés general la instalación de Arinaga. Después apremiará a Endesa (dueña del 45%) para que empuje el proyecto en Granadilla y evite la caducidad de la licencia ambiental. Y, al final, tendrá que forzar al regulador Enagás (con el 42% de las acciones) a negociar un acuerdo de mínimos con la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria para evitar una revuelta social, en la que los alcaldes Antonio Morales (Agüimes) y Silverio Matos (Santa Lucía) rechazan el gas por miedo al riesgo de deflagración.

El nivel de crispación sigue alto y los intereses cruzados son muchos. Sólo la llegada de Enagás (el Estado es propietario del 5%) adivina una apuesta de consenso para que Gascan invierta del orden de 600 millones a razón de casi 300 millones por regasificadora. Para alcanzar ese volumen, la empresa debe ampliar capital, al menos, hasta 175 millones, una cantidad tan estimable que explica, en gran medida, la salida de los industriales canarios, que lograron apenas un 7% de plusvalías sobre los 2,4 millones que pagaron a Endesa en 2005 por el 42%.

Sin amplicación de capital, Bruselas no soltará un euro de los 55 millones comprometidos. Pero aún surgen más sombras en las que hoy el viejo pleito que mantuvieron Endesa y Cepsa hace 10 años (la petrolera fue excluida de la operación), resulta irrelevante. Con la restricción presupuestaria por la crisis financiera, el Estado descontará a Canarias en los Presupuestos Generales los 300 millones que supone negar la implantación del gas.

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