Un negocio ilegal de 40 millones

El pasado día 1 de abril, CANARIAS7 ya adelantó que estaba en marcha una nueva tanda de detenciones y registros en el marco de la operación Unión en Lanzarote.

El texto publicado entonces, firmado por José S- Mujica y que ocupó el Tema del Día de la edicón impresa, decía así: "El fiscal jefe anticorrupción de España, Antonio Salinas, ha considerado que la trama de corrupción investigada desde hace un año en Lanzarote, reúne los requisitos para que la asuma su departamento.Según fuentes oficiales, se deducirán más testimonios y habría más imputaciones. La operación Unión destapada hace dos años por la Guardia Civil en Lanzarote, está a punto de subir de tercio procesal. El fiscal jefe de Anticorrupción de España, Antonio Salinas, está ultimando el análisis del voluminoso informe que recibió hace un mes en Madrid, para considerar que la trama es de tal envergadura que abriga todos los requisitos para que sea asumida, en un plazo breve, por su departamento en Canarias. Tan pronto como Salinas emita su decisión, el fiscal anticorrupción en Las Palmas, Luis del Río, asumirá las competencias del Ministerio Público en la instrucción abierta en mayo del pasado año por el juez de Arrecife, César Romero Panparacuatro. Hasta ahora, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, dirigida por Javier Ródenas, ha supervisado el caso, pero el volumen de supuestos delitos supera la esfera de protección del territorio. De hecho, Ródenas decidió a mediados de 2009 dirigir la causa en solitario tras varios meses de actuación conjunta con otro fiscal, Ignacio Stampa. Antonio Salinas ha observado que en el caso Unión (nombre del bar donde se concitaron los acuerdos de la trama), existe una amalgama de delitos penales de tal peso que encajan en las competencias directas de Anticorrupción, un órgano encargado de perseguir la delincuencia organizada en torno a políticos y empresarios, que cuenta con personal experimentado, autonomía de gestión y facultades ejecutivas. Según estimaciones iniciales, la Fiscalía Anticorrupción apunta la comisión de presuntos delitos de cohecho (sobornos), malversación de caudales públicos o tráfico de influencias, todos castigados con penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio del cargo público".