Un informe jurídico avala la plantación de cannabis aprobada en Rasquera

EFE

Un informe jurídico, científico, técnico y económico elaborado por dos despachos de abogados barceloneses avala el proyecto del Ayuntamiento de Rasquera de hacer de intermediario para crear una plantación de cannabis en terrenos de la localidad, según fuentes municipales.

El informe concluye que el ayuntamiento no cede el terreno para la plantación, sino que actúa como intermediario ya que los propietarios ceden el terreno al consistorio y este, a su vez, crea una empresa pública para llevar adelante el proyecto.

El pleno del Ayuntamiento de Rasquera, gobernado por ERC, aprobó anoche dedicar parte de una finca a una plantación de cannabis, de forma que el consistorio recibirá 1,3 millones en dos años de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) y también se crearían cuarenta puestos de trabajo en la localidad.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, lo han elaborado cuatro letrados del despacho DMT Advocats, y un quinto de Millor Dret Advocats en su parte jurídica, mientras que el doctor de la Escuela Andaluza de Salud Pública Joan Carles March es el responsable del proyecto científico-técnico y la economista Anzhelika Velnozhina se ha hecho cargo del apartado económico.

En sus conclusiones, el informe desacredita la opinión este jueves manifestada por el conseller de Interior, Felip Puig, que ha asegurado que los Mossos actuarían si era el ayuntamiento quien cedía los terrenos para cultivar el cannabis, porque las tierras son privadas y el consistorio únicamente ejerce de mediador para dar seguridad ambiental y jurídica y obtendrá por ello un beneficio económico.

Así, el estudio, de 57 páginas, asegura que "la firma de los contratos iniciales entre el Ayuntamiento o la entidad en la que delegue y las entidades que desarrollen actividades de cultivo de cannabis en el ámbito privado para el consumo individual privado en condiciones de alta seguridad jurídica no implica interferencia alguna en las actividades privadas de estas entidades".

Recogiendo la doctrina de la Fiscalía del Tribunal Supremo, recuerda que "el cultivo de cannabis no es constitutivo de delito" si no va orientado al tráfico con otras personas" y afirma que resulta "técnica y científicamente viable" llevar a cabo este proyecto, que es "económica y socialmente" provechoso si de ello se encarga la corporación local.