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Un grupo saharaui reclama acogerse a la Ley de Memoria Histórica

Un grupo saharaui reclama acogerse a la Ley de Memoria Histórica

Viernes, 17 de julio 2020, 08:30

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La mayoría ha fallecido pero un grupo de saharauis acaba de ampliar, ante la Audiencia Nacional, el contencioso iniciado en 2002 con el fin de acogerse a la Ley de la Memoria Histórica. Reclaman daños y perjuicios por la encarcelación sufrida hace 50 años en Fuerteventura sin juicio previo.

Lo perdieron todo y, al retornar a sus casas, comenzaron de cero. Llevan escrito en sus manos, en sus ojos, en su andar, en sus poses, la cicatriz del recuerdo sufrido hace medio siglo por el encarcelamiento de una «traición a la patria» en la que jamás hubo juicio. Hoy reclaman el derecho a ser indemnizados conforme a la Ley de la Memoria Histórica establecida en España.

Una mañana de abril de 1957, un grupo de soldados de la infantería española se presentó en el comercio de Mohamed Fadel (El Aaiún, 1927). «Cierra la tienda, nos lo llevamos». «¿Por qué?» «Cierra la tienda, moro, y cállate». A Mohtar Uld Mohamed (El Aaiún, 1935) le ocurrió igual suerte. Vivía junto a su numerosa familia en una barraca de Cabo Juby (hoy, Tarfaya). «La policía militar se presentó en mi casa a las siete de la mañana. Fuímos apresados mis dos hermanos y yo». A Moulud Embares (Sidi Ifni, 1935) le disgustó mucho más. Era soldado y «nunca, nunca traicioné a España».

Los tres, junto a 114 civiles y 21 militares más, fueron conducidos a la cárcel de El Aaiún. «Nunca supimos por qué, pero representó un gran sufrimiento para nuestras familias, económico y también de honor».

Un barco los llevó a las cinco de la mañana hasta Puerto del Rosario, donde permanecieron dos años hasta que fueron liberados, «también sin excusas, sin pedir perdón, sólo con un ‘vamos, que vuelves a casa’».

Retornaron a El Aaiún en 1959 y partieron de cero. Se dedicaron al comercio, a la agricultura, a la pesca..., «de todo un poco». Les costó lo que no está escrito: «Nos despojaron de nuestros hogares por intereses políticos jamás explicados. Lo perdismos todos y por eso queremos ser satisfechos antes de morir».

El temor a Sidi Ifni

La detención de los damnificados de Puerto del Rosario coincide con las revueltas que sufría el Ejército español en Sidi Ifni, a 400 kilómetros al norte de El Aaiún. En ese año, se proclamó la guerra entre España y la resistencia marroquí hasta que Sidi Ifni fue entregada al rey Mohamed V. España temió el contagio e inició detenciones masivas.

"En Fuerteventura nos obligaron a ser albañiles"

Trabajaron gratis para el Estado. Obras de infraestructura como carreteras o muros, piscinas para mandos de la tropa y un repertorio interminable de albañilería se convirtieron en una constante para los 116 apresados de El Aaiún.

El Ejército los confinó en un campo de concentración en Puerto del Rosario. «No nos dejaban salir para nada. Estaba vallado y nosotros nos hacíamos la comida. Si nos daban algún dinero comprábamos carne de camello».

La precariedad era absoluta. «Comías para no morir. Nadie nos maltrató, no nos pegaban, pero la humillación de vivir encarcelado sin saber lo que pasó, lejos de nuestras familias, desconetactos del mundo, te lleva a una situación difícil, dolorosa».

Los recuerdos se han difuminado con el tiempo. Les tiembla la voz y la mano cuando tratan de dibujar cómo era el campo, o cuando insisten en repetir una y otra vez su inocencia. «¿Por qué nos encerraron? Fue injusto. Nos cogieron por el brazo, nos subieron a un camión y nos dejaron un mes en la cárcel. Y después dos años en la nada».

Casi todos habían servido en el Ejército español desde niños. A Fadel, convertido hoy en el portavoz de los damnificados de Puerto del Rosario, le pusieron un fusil en la mano a los 12 años. A los otros en plena adolescencia. Sirvieron más de ocho años en las tropas como soldados indígenas y, gracias a esa militancia, se ganaron el derecho a percibir, hoy, una pensión del Ministerio de Defensa español, inferior a 400 euros al mes.

Son prudentes y respetuosos con el Gobierno español, al que ahora imploran que reconozca su derecho a percibir una indemnización como parte de esa memoria histórica colectiva de la España colonial.

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