¿Tiene salida el conflicto educativo?

Un amigo que ejerce la docencia en un instituto de Fuerteventura me envía un correo electrónico comentando sus acuerdos y discrepancias con anteriores artículos míos sobre el conflicto educativo. Y me señala su preocupación de que, entre líneas, yo haya pretendido insinuar que el responsable único de los problemas de la educación es el colectivo docente. Le aclaro que en modo alguno es ese mi planteamiento. Los enseñantes tienen su cuota de responsabilidad, como tienen la suya la Administración educativa, las familias y hasta los medios de comunicación. En distintos grados, en diferentes planos, por supuesto. Le recuerdo, asimismo, que mis críticas a determinadas decisiones del comité de huelga, que he tachado públicamente de incorrectas (suspensión de actividades complementarias, propuesta de no acogerse a proyectos de mejora educativa, injusta agresividad sectaria con docentes y sindicatos que mantienen posiciones diferentes), no merman en modo alguno mi consideración hacia la mayoría del profesorado.

Y le añado que estoy convencido de que en la enseñanza pública se encuentran los mejores profesores y, fruto de ese convencimiento, mis hijos estudian en un colegio público, el Santa Catalina, un centro con más de 50 años de historia, con un 30% de estudiantes procedentes de los más diversos lugares del mundo y en el que gracias al esfuerzo conjunto de dirección, docentes y AMPA se trabaja por la convivencia, la integración y la mejor formación de los chicos y las chicas.

Sé que la actual tensión del conflicto sobre la homologación dificulta hablar sobre otras cosas que afectan a nuestro sistema educativo, sometido en las últimas décadas a demasiados cambios y con dificultades para dar respuesta a las crecientes exigencias sociales. Pero tengo la impresión de que esta etapa crítica deberíamos aprovecharla para mirar un poco más allá de lo inmediato, del actual enfrentamiento entre Consejería y sindicatos, y tratar de poner por delante el presente y futuro del sistema educativo, que precisa de una profunda reflexión y de decisiones urgentes que incrementen su calidad.

Quince meses después de iniciado el conflicto por la homologación de los docentes de la enseñanza no universitaria, inmersos en una nueva semana de huelgas y de paros parciales, y dando los últimos pasos de este anómalo y crispado curso escolar, nos encontramos ante un bloqueo absoluto. Sin diálogo entre las partes enfrentadas. Con negativas perspectivas para el desarrollo del próximo año académico. Con síntomas de desmoralización en sus actores.

En ese marco puede parecer una completa quimera la posibilidad de percibir, ni de lejos, una salida justa y digna al mismo. Aunque, tal vez, el propio bloqueo obligue a indagar nuevos caminos desde el reconocimiento de los errores y la imprescindible flexibilización de posiciones. Haciendo de la necesidad virtud.

Los docentes insisten en la homologación y aseguran que se incumple la ley de 1991. La Consejería opina lo contrario y se apoya en el dictamen del Consejo Consultivo al respecto. Cierra la muralla. En ese debate sólo se va hacia el abismo, cada uno armado de poderosas razones, las suyas, que no dulcifican el terreno asolador que puede quedar tras la batalla.

Visto lo visto, ¿no es razonable la propuesta de las federaciones de APAs del Archipiélago de derivar el conflicto a la esfera judicial, evitando más perjuicios al sistema público educativo canario? No se trata de una rendición, ni mucho menos, sino de un inteligente cambio de estrategia y de la superación de un enquistamiento en el que nadie gana. Y en el que los alumnos son las principales víctimas. Abre la muralla.

Y mientras llega el pronunciamiento de los tribunales, podemos aprovechar esta dura confrontación para obtener réditos positivos -a corto, medio y largo plazo- para el sistema público de enseñanza. Me refiero a la adopción de compromisos conjuntos por la calidad educativa por parte de Administración, enseñantes y familias, estableciendo prioridades, calendario de aplicación y la imprescindible ficha financiera. Situando a la educación como preocupación central de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias y estableciendo un acuerdo que comprometa a nuestros gobernantes en las próximas legislaturas, sean quienes sean los que las urnas coloquen al frente del Gobierno de Canarias; eliminando, al tiempo, las tentaciones tan en boga de uso partidista de la educación.

Mejorando, asimismo, la situación retributiva de los docentes de las Islas, sobre la base de compromisos de formación, atención tutorial o responsabilidades directivas. Y, además, realizando un esfuerzo común para la dignificación de la tarea docente, que debe ir mucho más allá de los incrementos en sus retribuciones. Me refiero a la necesidad de poner como valor de primer orden el respeto de los estudiantes a sus maestros y profesores, así como de conseguir una mayor estima a su trascendental labor por parte de las familias y del conjunto de la sociedad.

Lo contrario, la prolongación en el tiempo de este agrio conflicto, la permanencia del actual clima en los colegios e institutos, su traslación al próximo curso escolar, supondrá un coste incalculable para la educación pública canaria, que ésta no se puede permitir; y un desánimo absoluto de cuantos tenemos relación directa con la misma.

Aunque soy plenamente consciente de que nos encontramos en medio de un largo y oscuro túnel, me siento obligado a ser moderadamente optimista. Quiero creer que este conflicto tiene salida. Y que, por responsabilidad, con altura de miras, sin posiciones cerradas, todos los actores están obligados a encontrar esa salida en la mayor brevedad posible.