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Seis de cada diez mayores recortan luz o calefacción para poder pagar los recibos

EFE

Jueves, 1 de enero 1970

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Seis de cada diez mayores españoles, especialmente las mujeres, han tenido que reducir el uso de luz, electrodomésticos, cocina, agua caliente o calefacción para poder pagar las facturas energéticas, a las que destinan el 6 % de sus ingresos. Es una de las conclusiones del informe elaborado por la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), que indica que las mujeres de más de 65 años que viven solas, y en el ámbito rural, son las que más gastan en energía en el hogar, ya que el 11,1 % dedica hasta un tercio de sus ingresos a hacer frente a los recibos. Asimismo, destaca que el 23,2 % de los mayores ha tenido que ahorrar en iluminación en los últimos meses para poder pagar las facturas, y el 21,6 %, en calefacción. Teniendo en cuenta los servicios en su conjunto, el 61,1 % se ha visto obligado a recortar en alguna medida el uso de la calefacción, frigorífico, lavadora, iluminación, cocina, agua caliente o refrigeración para poder abonar la factura. Son las personas con menores niveles de renta el grupo que más ha tenido que ahorrar en energía: una de cada seis (59,2 %) deben restringir el uso de la calefacción, y el 73,6 % de la luz. Y son las mujeres las que se llevan la peor parte, ya que, frente al 62,7 % de las mayores que han debido disminuir su consumo energético, el 53,6 % de los hombres se han visto en idéntica situación. Mientras, el 1,1% de las personas mayores de 64 años aseguran que en los últimos cinco años les han cortado la energía que necesitan y utilizan habitualmente o no han podido pagarla por no tener dinero para ello. Según la UDP, los datos de este informe, junto a los aportados por el último barómetro del CIS, que arroja la cifra de 1.933.300 personas de 65 o más años que viven solas, de las que la inmensa mayoría, un 70 %, son mujeres, ponen el foco sobre la "vulnerabilidad de parte de este colectivo". Para el presidente de Unión Democrática de Pensionistas, Satur Álvarez Bacaicoa, "las administraciones deben actuar en casos de pobreza energética extrema e implementar mecanismos que eviten el corte de suministro a las personas mayores más vulnerables, que efectivamente no puedan pagar los servicios básicos de luz y calefacción".

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