Seis alcaldes madrileños, entre los detenidos en la operación Púnica

Se trata de los ediles populares José Carlos Boza Lechuga, regidor de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Gonzalo Cubas Navarro, de Torrejón de Velasco y David Rodríguez Sanz, de Casarrubuelos. Todos están al frente de estos municipios madrileños desde 2011.

También ha sido arrestado el alcalde socialista de Parla, José María Fraile, que accedió a este ayuntamiento en 2008 para relevar al actual secretario general del PSOE, Tomás Gómez, y el regidor de la localidad de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández del Valla, del partido Unión Demócrata Madrileña.

Además de estos seis alcaldes, la operación Púnica de la Guardia Civil se ha saldado con la detención varias decenas de personas, entre ellas el exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y el presidente de la diputación de León, Marcos Martínez, que sustituyó el 30 de mayo a Isabel Carrasco, asesinada días antes.

Las mismas fuentes han explicado que esta trama gira en torno a políticos en los últimos años de sus carreras que presuntamente recibieron comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas.

La red se servía de dos "conseguidores" de contratos: el constructor David Marjaliza, muy próximo a Granados y que también ha sido arrestado hoy, y Alejandro de Pedro Llorca.

Los detenidos e imputados en Madrid, Valencia, Murcia y León están acusados de formar parte de esta trama que cobraba comisiones ilegales por la concesión de obras y servicios públicos, y que logró adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en tan sólo los dos últimos años.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de las provincias citadas y lograba contratos públicos en "connivencia" de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos.

La investigación por esta red se origina en diciembre 2013 cuando una comisión rogatoria de Suiza alerta de una cuenta que dos españoles tienen en ese país: Granados y Marjaliza, y se da cuenta de ello a la Fiscalía Anticorrupción.

Tras bloquear Suiza estas cuentas por un delito de blanqueo, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación durante seis meses para aclarar el origen de ese dinero al sospechar que podría proceder de la construcción.