Sanidad inmoviliza con una orden judicial los 'polvos de Meléndez'

Los inspectores inmovilizaron nueve botes del llamado factor 2, ácido aspártico, y Enrique Meléndez-Hevia dijo que no hay orden judicial que impida continuar con su actividad y prohíba dispensar los productos.

Por ello aseguró que continuará con su actividad, tras señalar que si no dispensa estos días productos es porque no dispone de ellos.

Meléndez-Hevia, que llegó a la sede del Instituto del Metabolismo Celular antes de que se presentaran los inspectores de Sanidad, que lo hicieron sobre las 15.10 horas, indicó a los periodistas que "los que han ido a atacarnos han ganado la primera escaramuza", y subrayó que con una orden judicial no se opondrá al registro.

El bioquímico recordó que hace dos días personal de la Consejería de Sanidad presentó en la sede del Instituto una comunicación de incautación pero fue rechazada dado que no estaba acompañada de una orden judicial.

Meléndez anunció a los periodistas que presentarán un recurso contra esta orden judicial.

En la resolución de la Consejería de Sanidad se pide la suspensión de la prescripción, dispensación y suministro de los factores I y II así como la incautación e inmovilización de estos productos, que consumen unas 8.000 personas en Tenerife.

Tanto el bioquímico como su abogado, Eligio Hernández, afirmaron que ello no sería posible si no existía una orden judicial.

Meléndez ha defendido el carácter de nutrientes de sus productos mientras que la Agencia Española del Medicamento considera que se trata de medicamentos ilegales ya que son usados con carácter terapéutico, por lo que dictó el pasado viernes una alerta de medicamento ilegal y ordenó su retirada.

Ante la sede del Instituto de Metabolismo Celular, el presidente de la Asociación pro apoyo del proyecto desarrollado por Meléndez, Sebastián Alvarez Cambreleng, dudó hoy que haya pacientes con reacciones adversas al consumo de los factores 1 y 2.

Sebastián Alvarez Cambreleng subrayó que no hay certeza científica de los casos de que se habla y por el contrario, dijo, sí hay 8.000 personas que han reaccionado al unísono sobre lo que está pasando.

Alvarez Cambreleng señaló que tanto Meléndez como la asociación quieren que las leyes se cumplan, y reiteró que denunciarán judicialmente esta actuación de la Consejería de Sanidad al entender que no está justificada.