Salud de los trabajadores y responsabilidad del poder público

23/01/2011

La muerte de un profesor en el Instituto Cairasco de Figueroa, en la capital grancanaria, la posterior decisión de la Consejería de Educación de no suspender las clases un día en el centro han generado un intenso debate en la comunidad educativa. Desiderio Padilla Baeza, secretario general insular de Enseñanza de Comisiones Obreras en Gran Canaria y abogado de la Federación de Enseñanza y de la FSC de Comisiones reflexiona sobre lo ocurrido.

El  viernes 21 de enero de 2011, una llamada telefónica comunicó a nuestra sede sindical de enseñanza de CC.OO que un profesor moría en su puesto de trabajo cuando se disponía a impartir sus clases en el IES Carrasco de Figueroa de nuestra capital. Se llamaba Francisco Javier Jiménez Ruiz.

Su nombre no pasó desapercibido para mí porque allá por el mes de noviembre, en plena vorágine electoral, tuve la oportunidad de charlar con él en la Sala de Profesores del IES Carrasco de Figueroa. Me mostró su preocupación por el estado de su salud y porque la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias le había obligado a compartir sus horas de trabajo entre dos centros bien distantes entre sí: el IES Mesa y López y el IES Carrasco de Figueroa. Le invité a pasar por la sede sindical para estudiar su caso y gestionar alguna solución, habiendo quedado con él para después de las vacaciones navideñas. No pudo ser.

Hoy día muchos trabajadores se trasladan a diario de un puesto de trabajo a otro para realizar tareas en lugares diferentes. El material o herramienta de trabajo que utilizan para realizar sus funciones varían según las profesiones de cada cual. En el caso de los docentes realizan sus funciones con personas, mayormente menores de edad. Sin duda una gran diferencia con respecto a otras profesiones.

Pues bien, esa era la preocupación que al compañero fallecido le rondaba en la cabeza y que quiso en aquél momento compartir conmigo. Para él tener que acudir un día sí y otro también a dos centros educativos para desarrollar su trabajo le estaba produciendo una gran ansiedad no sólo por la inestabilidad de su plaza laboral sino por sentirse en “tierra de nadie”, como textualmente me dijo. Quizás para muchas personas, incluso para la mayoría de las personas, esto es posible que no pueda entenderse y pudiera parecer una ridiculez, pero para el trabajador docente que vive la enseñanza con esmero y afán de trabajo es comprensible y rechazable la situación en la que el compañero Francisco Javier vivió hasta el último momento de su vida.

Este que les escribe lleva, durante muchos años, atendiendo a profesores que, enfermos, se les obliga a reincorporarse a su puesto de trabajo sin ni siquiera hacer un estudio de la tarea y del puesto que desempeñan, al objeto de ir incorporándolos progresivamente a su función docente con garantías de recuperación efectiva de su maltrecha salud. Es más, son devueltos al aula en condiciones pésimas, provocando la mayor parte de las veces las protestas de los padres, madres y alumnos, así como de los propios equipos directivos y que luego se traduce en artículos de prensa auspiciados por progenitores que, en la mayoría de las ocasiones, desconoce la verdadera realidad del estado de salud del profesor o profesora de sus hijos o, en el menor de los casos, pretenden dar protección cautelar a la educación de sus hijos apoyados en el derecho a la educación que reconoce la Constitución.

Y esto que les cuento no es baladí. Conozco casos como el de una docente a la que se le abrió un expediente disciplinario y se le suspendió de empleo y sueldo porque tras haber pasado por el E.V.I. (Equipo de Valoración de Incapacidades –o de Desvaloración de Incapacidades, como creo que debería llamársele hoy día ante la poca sensibilidad que están teniendo en la concesión de las incapacidades laborales-) y éste estimar una serie de secuelas, se le obliga, por la Inspección Médica de Enseñanza, a incorporarse a su puesto de trabajo en condiciones psíquicas y físicas precarias, sin ni siquiera hacer una evaluación del riesgo de su puesto y una adaptación del mismo para que pudiera reincorporarse paulatinamente a su labor docente y conseguir así su recuperación.

Pero la cuestión es aún más grave. La mayor parte de estos docentes enfermos, que son reenviados al aula de la forma que les he indicado, han solicitado esa adaptación del puesto de trabajo especificando, incluso, cuáles son las tareas que deben desempeñar para, como se dice en el argot deportivo cuando hay una lesión, entrenar al margen del resto de compañeros hasta recuperarse de su lesión. Aún andan expectantes, para que le tomen en serio su petición, que esa adaptación se produzca, incluso esperando que la Justicia se pronuncie ante la inoperancia de la Administración educativa.

Para ello, el Gobierno de Canarias se gasta un ingente dinero del presupuesto en MEDYCSA, un Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales, que desarrolla su tarea en el ámbito de la Salud Laboral y en las Especialidades Técnicas por sus procedimientos, metodología y calidad. Asimismo tiene encargado a la empresa NOVOTEC el estudio de los riegos en los puestos de trabajo. Sin embargo, a pesar de que en el año 2006 la Consejería de Educación inició reuniones con los equipos directivos para que ambas empresas iniciaran su trabajo, cada una en su ámbito de actuación, no es menos cierto que a día de hoy ese afán ha quedado prácticamente en agua de borrajas por cuanto es la Inspección Médica la que se ve obligada y soporta, día tras día, tener que incorporar a docentes enfermos a las aulas sin ni siquiera ser evaluados por la Unidad de Salud Laboral y sin el estudio del riego del puesto a desempeñar. Y ya no me refiero a los docentes a los que se les obliga a reincorporarse a pesar de tener una baja médica en toda regla, sino a los que, tras pasar por el E.V.I., son devueltos al aula con secuelas importantes de su patología médica, donde los menos, por desconocimiento, no solicitan ser evaluados por la Unidad de Salud Laboral para la adaptación del puesto, ni la Administración lo hace de oficio, y aquellos otros, que sí lo piden, permanecen trabajando en precarias condiciones, enfrentándose en los Tribunales de Justicia a un informe del E.V.I. muchas veces injusto al no adaptarse a la realidad del puesto desempeñado por el trabajador.

Pero, además, se da la paradoja de casos en los que la Unidad de Salud Laboral de la Consejería de Educación tiene un informe donde MEDYCSA señala tajantemente que el trabajador no está apto para trabajar y, sin embargo, los Servicios Médicos Educativos mantienen a esos profesores en sus puestos de trabajo sin tener en cuenta el informe emitido por MEDYCSA. Y lo que expreso no es gratuito porque, por desgracia, en el Servicio Jurídico de CC.OO, llevamos algunos casos y tenemos, además, quejas constantes del profesorado por el trato que la Consejería da a su salud. MEDYCSA es pues el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y adjudicataria de la vigilancia de la salud del Gobierno de Canarias, pero el gobierno de Canarias la utiliza a la carta.

A nadie se le esconde que la vigilancia de la salud es una actividad que en Medicina del trabajo adquiere una dimensión mayor en cuanto a su importancia; un plus que permite observar el estado de salud de los trabajadores en relación con las condiciones de trabajo y así poder descubrir la relación entre ambos y recomendar las acciones necesarias de protección y comprobación rutinaria, de manera que pueda determinarse cuándo y de qué manera puede el trabajador desempeñar sus funciones sin que ello constituya un riesgo para él, sus compañeros y, en el caso de la enseñanza, para sus propios alumnos.

El artículo 196 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social recoge la obligatoriedad de los reconocimientos médicos, sin duda porque hay un mandato constitucional de protección a la salud y a la integridad física preconizado en los artículos 15 y 40. 2 de nuestra Constitución española, amén de la normativa comunitaria o de las organizaciones internacionales que velan por los Derechos Humanos. Sin embargo, aunque los funcionarios de la Administración autonómica pasan por estos controles de salud, con el personal docente no ocurre así. Efectivamente, MEDYCSA realiza exámenes de salud a todos los funcionarios de la Administración del Gobierno de Canarias, no sólo cuando se produce la incorporación de un nuevo trabajador sino de manera rutinaria una vez al año para todos los trabajadores y trabajadoras, excepto los docentes. Al menos eso se desprende de la atenta lectura de sus normas internas.

En este sentido, es bueno también recordar que el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el empresario, en este caso la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, está obligada a garantizar a sus trabajadores un servicio de vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo y, asimismo, está obligada, todo ello por imperativo legal, a realizar reconocimientos y pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo de su puesto de trabajo. Señala este artículo de la norma citada que las medidas de vigilancia y control de la salud de las trabajadoras y trabajadores deben llevarse a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

Desde que se hizo célebre en prensa la frase apocalíptica de un político de esta isla de que se acabaron las bajas para ir a la playa, o algo por el estilo, quizás buscando con ello la manera de disminuir el déficit económico del Gobierno y dejar de pagar sustituciones en los centros educativos, es evidente que las situaciones descritas en estas líneas se han acrecentado y hoy por hoy los trabajadores y trabajadoras de esta tierra canaria, docentes o no, están sufriendo el duro embate de una clase política más preocupada por disminuir números negativos, generados por su nefasta gestión de lo público, que por el bienestar de la clase trabajadora, de la protección de su salud y la de sus familias.

Urge por tanto crear conciencia en los gestores de lo público para que adopten todas las medidas de protección necesaria de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Ellos han diseñado las normas encaminadas a conseguir ese fin pero, en el caso de Canarias y concretamente en la docencia, porque es el “leit motiv” o motivo central que ha ocupado estas líneas, es hora de que dichas normas se pongan en práctica en toda su extensión, sin ambages, sin tacañería, sin parcialidad, evitando que se vuelvan a dar situaciones en las que se ponga en riego la vida de un trabajador o una trabajadora, o que, por desgracia, se llegue tarde a la solución y ya no se pueda hacer nada. Por tanto, salud y poder público debe ser una simbiosis que haga patente el cumplimiento de las normas que protegen la salud de todos, absolutamente todos los trabajadores y así evitar más muertes. ¡Que se ponga pues en práctica!

Descansa en paz compañero Francisco y que tu muerte sirva para que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tome más en serio la salud y las condiciones en que desarrollan su tarea laboral los y las docentes de Canarias. ¡Descansa en paz!