Rosa Dávila: «La buena relación con Madrid no nos hará perder firmeza»

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ

La consejera de Hacienda reconoce que Canarias ha entrado en la senda del crecimiento económico pero se muestra «prudente» porque aún persisten las consecuencias de una crisis que ha sido «muy larga y muy profunda». Su reto ante el estado es conseguir un sistema de financiación «justo y transparente».

Hablaba hace unos días de que empezaba la senda del crecimiento y los últimos datos de la EPA ratifican los buenos datos. ¿Es optimista o es pronto para echar las campanas al vuelo? Es cierto que los datos macroeconómicos son buenos, pero la tasa de paro y de pobreza son muy altos. La crisis ha sido muy larga, muy profunda. Vamos a afrontar una etapa de crecimiento y hay que fijar las prioridades para ayudar a toda la gente que se ha ido quedando por el camino a salir en las mejores condiciones posible. ¿Pero se puede decir que se acabaron los recortes? Estamos sometidos al sistema de estabilidad y, además hemos sido una comunidad cumplidora. Hemos hecho los deberes y estamos saneados, lo que nos permite afrontar ahora una etapa de crecimiento con unos presupuestos más expansivos, dentro de la prudencia. Esperamos que el crecimiento del PIB sea sostenido en el tiempo y aprovechar este crecimiento para consolidar la economía en Canarias, que tiene debilidades estructurales. ¿Y cómo se revierten esas debilidades? Desde el Gobierno lo que se puede hacer es facilitar un crecimiento económico en sectores que sean sólidos y que hagan que el crecimiento sea más sostenido en el tiempo y, sobre todo, estructural, y cuya productividad sea de alto valor añadido. Y para eso ha anunciado medidas de simplificación administrativa. No vamos a inventar nada. Hay que consolidar sectores como el industrial para que sea más potente, y eso significa darle apoyo en la simplificación administrativa, no solo en la compensación por tener una actividad en una región ultraperiférica. Igual ocurre con el agrario y agroalimentario que también podría crecer de la mano del turismo o la aplicación del conocimiento a los distintos sectores. O sea que esa simplificación no tendrá que ver sólo con el suelo y el territorio. Es verdad que las cosas ocurren sobre un territorio y en el caso de Canarias, la parte que está protegida tiene que seguir protegida. Pero también es verdad que nos hemos dotado de unas herramientas territoriales que impiden que las cosas ocurran en el momento que tienen que ocurrir. No hay posibilidad de tener una inversión en un momento dado y seguir teniéndola quince años más tarde, porque no has podido resolver los problemas territoriales. Y no estamos hablando de grandes inversiones ni macroproyectos, sino por ejemplo, de poner una granja de cochinos o de implantar las energías limpias... En renovables podríamos ser pioneros y hemos perdido la oportunidad, quizá no por la ley, sino por la normativa que puede llevar a interpretaciones que producen indefensión y confusión. Reconoce que toda esa complejidad administrativa genera indefensión a los inversores. Genera incertidumbre y discrecionalidad, porque puede haber interpretaciones distintas por las diferentes administraciones y los inversores terminan desisitiendo. El presupuesto en Canarias sigue limitado por el Estado y los criterios de estabilidad. El presidente Clavijo ha dicho que se flexibiliza para todas las comunidades o se cambiaría la estrategia. ¿Eso qué significa? ¿Que Canarias estaría dispuesta a no cumplir? Canarias ha sido cumplidora y para este año estamos en la senda del cumplimiento del 0’7% del PIB. Queremos cumplir con lo que se consensúe y con los objetivos que se marquen, pero también queremos que sean objetivos justos. Canarias tiene una tasa de paro muy alta y tenemos que tener los recursos suficientes para atender a las personas que lo están pasando peor. ¿Van a pedir más margen al Ministerio de Hacienda? Vamos a ver que plantea el Consejo de Política Fiscal y Financiera esta semana. Tenemos un déficit de financiación importante y tenemos que ver de qué se está hablando exactamente, porque también el ministro Montoro ha puesto sobre la mesa la financiación autonómica. Canarias ha sido de las peor financiadas con el actual sistema. El Ministerio ha pedido a las comunidades que actualicen las propuestas sobre financiación. ¿Qué plantea Canarias? El equipo técnico de la Consejería está trabajando en ese informe que acredita un déficit de financiación en los servicios básicos. La base es pedir un sistema mucho más claro, que sea entendible por todos y más transparente. Las bases no pueden ser tan enrevesadas. La financiación, que es el sistema de donde proceden los recursos de servicios sociales, sanidad y educación debe ser justa y equitativa, y la metodología para su aplicación debe ser clara y no prestarse a confusión de por qué unas comunidades quedan mejor en la foto que otras. Quizá eso sea más complicado después de las generales, con un Congreso más abierto y la necesidad de cerrar pactos y negociar para contentar a unos y a otros. Eso es cierto, va a ser un Congreso más plural. Será necesario consensuar más y, por lo tanto, las autonomías vamos a tener mayor receptividad porque no habrá un rodillo de mayorías absolutas. Todos nos veremos obligados a ser más dialogantes. ¿La buena relación de este Gobierno con el Estado influirá en la negociación de los recursos? Hay una nueva etapa, hay un diálogo fluido y creo que eso es positivo, pero no va a limitar ni un ápice la firmeza con que negociamos nuestra demandas, que son justas para Canarias. Los servicios sociales van a ser el eje de la actuación de este Gobierno. ¿Significa que seguirá bajo mínimos la inversión pública? Sólo hemos fijado los criterios para la redacción de los presupuestos y no puedo anticipar eso porque serán los distintos departamentos los que prioricen las políticas sectoriales. Desde el Gobierno se tomarán todas las medidas que se puedan poner a disposición de la sociedad y la economía canaria para que sea más rápido el crecimiento. Ya ha dicho que no va a subir la presión fiscal y además se bonificará el impuesto de sucesiones. ¿Si se consolida el crecimiento económico se plantearía bajar el IGIC, cuya subida fue especialmente criticada por sectores como el turismo o la telefonía? El impuesto de sucesiones ha supuesto que mucha gente renuncie a sus herencias, que no eran grandes fortunas, sino el esfuerzo del trabajo de sus padres, porque no pueden pagar los impuestos. Nuestra idea, con los datos actuales de crecimiento, es que no será necesario subir la presión fiscal, pero es aventurado decir que se podría atender a rebajas generalizadas. No lo descarto, pero prefiero ser prudentes. ¿Cuál es su objetivo en la lucha contra el fraude fiscal? La Agencia Tributaria Canaria es de creación reciente, pero puede ser un elemento importante en la lucha contra el fraude fiscal. Debe haber tolerancia cero contra el que defrauda, en lo pequeño y en lo grande. Y eso implica un cambio de cultura respecto al fraude, porque de ahí sale nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales... es la garantía de los servicios públicos. Pero para que la sociedad vea el fraude como algo intolerable, debe haber un buen gobierno de los servicios públicos, transparencia, y la ciudadanía debe saber que sus impuestos están en buenas manos y se aplican en sus prioridades.