Realia reconoce dificultades para seguir con el Canódromo

El juicio por la vigencia de la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento a la constructora Realia para la finalización de las torres del Canódromo quedó este lunes visto para sentencia. La asociación de vecinos de Ciudad Alta, Avecalta, solicitaba la anulación de la resolución municipal que denegaba la caducidad a la licencia dada a la empresa en 2006 -prorrogada en 2008- y requería del juzgado que declarase su caducidad. Contra esta petición, el Ayuntamiento y Realia defendían la vigencia de la licencia. Sin embargo, este lunes se conoció un escrito incorporado a los autos la pasada semana, pero presentado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a mediados de julio del año pasado, en el que la promotora pide que "se acuerde la suspensión del plazo para iniciar las obras" hasta que se sustancien los dos juicios que hay en marcha respecto al Canódromo: el de la caducidad de la licencia, que este lunes quedó visto para sentencia; y el del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra la aprobación definitiva de la adaptación plena del Plan General de Ordenación que ampara la operación. En su petición, Realia acusa a la asociación de vecinos Avecalta de trastabillar el proyecto con su batalla judicial. La empresa reconoce dificultades para culminar la urbanización. "Esta situación de total incertidumbre hace inviable, en las actuales circunstancias, el reinicio de las obras, tanto por la imposibilidad de obtener financiación de las entidades bancarias, como por la imposibilidad de vender las viviendas a promocionar", expone Realia, "la ingente inversión necesaria para el reinicio de estas obras no puede acometerse sin que exista la plena seguridad jurídica de que las mismas podrán finalizarse sin más contratiempos ni obstáculos procesales". Las alusiones a los problemas de financiación y comercialización fueron interpretadas por los demandantes de Avecalta como un reconocimiento de que "no tiene ninguna voluntad de continuar con la ejecución de las obras", como se recoge en su escrito de demanda porque no puede vender las casas ni financiar la obra. Por ese motivo, considera que "debió declararse la caducidad de la licencia municipal" que las amparaba.